Los ecuatorianos manifestaron este domingo a través del voto un amplio respaldo a las propuestas del presidente Daniel Noboa para reforzar la lucha contra el crimen organizado, pero le dieron la espalda a sus reformas económicas para crear empleo mediante la legalización de contratos por horas y atraer inversiones al aceptar arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción.
Entre las 11 preguntas que componían el plebiscito, ganó el sí con porcentajes entre el 73,05% y el 61,97 % en nueve preguntas con medidas para fortalecer al Estado contra la criminalidad organizada, y el no se impuso en las propuestas de los arbitrajes internacionales (64,88 %) y los contratos por horas (68,83 %).
Con esta consulta popular, Noboa ha medido su respaldo popular tras haber asumido el cargo presidencial hace menos de cinco meses y tener ya el horizonte las elecciones generales de 2025, a las que ya ha manifestado su intención de presentarse a la reelección.
La brevedad del mandato de Daniel Noboa, quien asumió el poder el 23 de noviembre del pasado año, se debe a que fue elegido para completar el año y seis meses que le faltaron a Guillermo Saliente, quien decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas antes de someterse a una eventual destitución por el Legislativo.
Ahora, Noboa, de 36 años, el presidente elegido en las urnas más joven de la historia de Ecuador, sale reforzado en su cruzada contra el crimen organizado, por el que a inicios de año declaró el "conflicto armado interno" contra las bandas criminales, a las que pasó a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Sin embargo, su promesa electoral de generar empleos para jóvenes queda truncada al quedarse sin la posibilidad de legalizar los contratos por horas, así como la de atraer inversiones extranjeras, después de que hayan decaído en los últimos años.
Enmiendas a la Constitución
Hay tres cuestiones en las que se impuso el sí que entrarán en vigor en cuanto se proclamen los resultados oficiales, por tratarse de enmiendas a la Constitución de 2008, aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).
La primera, con la votación más alta (73,05%), es la referente a que las Fuerzas Armadas participen de manera permanente junto a la Policía en operaciones contra el crimen organizado.
Con el 65,11% de los votos a favor, también se aplicará inmediatamente las extradiciones a ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, y con el 60,49% se establecerá un sistema de juzgados en materia constitucional.
Las reformas que irán a la Asamblea
El resto de medidas en las que gana el sí implican un proyecto de ley que debe ser tramitado en la Asamblea Nacional (Parlamento), como la de encargar a las Fuerzas Armadas el control los accesos a las prisiones, epicentro de la crisis de violencia que vive el país.
El mismo camino seguirá el endurecimiento de penas para delitos relacionados con el crimen organizado y la eliminación de beneficios penitenciarios para varias de estas figuras, de modo que los condenados por estas causas deberán cumplir todo su castigo en prisión.
A su vez, la Asamblea deberá tratar la creación de un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de Policía y Fuerzas Armadas, así como un mecanismo para que estas fuerzas estatales sean equipadas con el armamento incautado a delincuentes y otro para hacer expropiaciones exprés de bienes ilícitos.
"Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas", ha escrito Noboa en la red social Instagram.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que hizo campaña por el no, ha considerado la consulta una victoria del pueblo y una "clara derrota" para Noboa por haber perdido las dos preguntas de naturaleza económica, que el exmandatario calificó de claves. "El pueblo ecuatoriano le ha puesto un freno a un aspirante de dictador", ha considerado Correa.
El plebiscito ha contado con la participación del 72 % de los más de 13,6 millones de ecuatorianos convocados a las urnas, y estuvo marcado por el asesinato del director de la cárcel de El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, y el conato de un motín en la cárcel de Quevedo, que dejó al menos cuatro heridos.
La semana previa a la votación estuvo marcada además por los asesinatos de dos alcaldes de poblaciones donde hay actividades de minería ilegal, y una fuerte crisis energética que ha obligado al Gobierno a hacer apagones de hasta ocho horas de duración al día para racionar el suministro de electricidad.
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