La CIDH condena intrusión en la Embajada de México y llama a Ecuador a proteger a Jorge Glas

Simpatizantes del ex presidente de Ecuador Jorge Glas gritan consignas contra Daniel Noboa Presidente de Ecuador el 11 de abril de 2024 en Quito, Ecuador.
Simpatizantes del ex presidente de Ecuador Jorge Glas gritan consignas contra Daniel Noboa Presidente de Ecuador el 11 de abril de 2024 en Quito, Ecuador.
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Simpatizantes del ex presidente de Ecuador Jorge Glas gritan consignas contra Daniel Noboa Presidente de Ecuador el 11 de abril de 2024 en Quito, Ecuador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ha instado este lunes a Ecuador a proteger la vida del exvicepresidente Jorge Glas, recluido en una cárcel de máxima seguridad desde el pasado 6 de abril tras la violenta incursión de la Policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito.

La CIDH ha manifestado en un comunicado "su preocupación por los hechos relacionados con la intrusión de la Embajada de México en Quito" y ha llamado a la "observancia de las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y las que rigen el asilo diplomático en la región".

Asimismo, ha instado a Ecuador "a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Jorge Glas, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH".

La Comisión Interamericana ha recordado que el 31 de diciembre de 2019 decidió "otorgar medidas cautelares a favor del señor Jorge David Glas Espinel en los términos del artículo 25 de su Reglamento".

En esa ocasión había solicitado al Estado ecuatoriano adoptar "las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal" de Glas, que fue vicepresidente entre 2013 y 2017, durante el periodo presidencial de Rafael Correa (2007-2017), y también a inicios del mandato de Lenín Moreno (2017-2021).

La CIDH había conminado a Ecuador a aplicar las medidas "más apropiadas" a las circunstancias personales de Glas, quien había solicitado un año antes la intervención de la CIDH cuando estaba en prisión por dos condenas en firme por cohecho y asociación ilícita.

La Comisión Interamericana buscaba "proteger los derechos" de Glas, quien entonces requería de "tratamiento y atención médica" ya que estaba "supuestamente expuesto a amenazas dentro del centro penitenciario".

Noboa no se arrepiente del asalto

Por otra parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha asegurado que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), al que el Gobierno mexicano le había dado asilo horas antes.

"No me arrepiento", ha afirmado Noboa en una entrevista brindada la pasada semana al canal australiano SBS y difundida este lunes, la primera interacción del mandatario con la prensa desde el inicio de esta crisis con México.

Ante la condena casi unánime de la comunidad internacional por romper la inviolabilidad de una sede diplomática, Noboa ha admitido que "fue una decisión muy difícil de tomar", pero que lo hizo porque su Gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales.

Glas se encontraba en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre y días más tarde solicitó asilo para que se le reconozca como perseguido político, al rechazar todas las imputaciones y condenas en su contra, que califica de 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).

Posteriormente se ordenó su captura e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de la reconstrucción posterior al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos).

Adicionalmente, le faltaba todavía acabar de cumplir una pena de ocho años por las condenas de cohecho y corrupción que no terminó de purgar cuando a finales de 2022 salió de la cárcel gracias a una resolución judicial de medidas cautelares.

La irrupción a la fuerza en la Embajada de México, cuando Glas ya había recibido el asilo, ha sido declarada ilegal y arbitraria por un tribunal de Ecuador, y el Gobierno mexicano ha roto relaciones con el país andino y lo ha denunciado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar violado el derecho internacional y su soberanía nacional.

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