El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, ha asegurado que el Gobierno del país sólo dará de baja 15.000 contratos de la Administración pública que vencen a finales de este mes y rectificó lo dicho en la víspera por el presidente, Javier Milei, quien anunció 70.000.
“El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000 (…) Pero todavía no está el número finito", aseguró en su habitual rueda de prensa diaria el portavoz, que atribuyó el cambio a una confusión y a una "malinterpretación" de las palabras del mandatario en el International Economic Forum of the Americas (IEFA) Latam Forum, que concluye este miércoles en Buenos Aires.
"Hay 15.000 (contratos) que van a baja el 31 de marzo; el resto se renovarán por otros seis meses y se seguirá avanzando en el análisis de cada uno", dijo Adorni.
El portavoz destacó que el trabajo de auditoría de los contratos será "muy quirúrgico".
Adorni especificó que la cifra de 15.000 contratos que se darán de baja a finales de marzo no incluye los finiquitados en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y en las empresas públicas de Argentina.
"El resto (de contratos) seguirán en revisión y el objetivo es llegar a lo que corresponda", reafirmó el portavoz, que insistió una vez más en que los planes del Ejecutivo de Milei no pasan por "hacer ningún tipo de daño", sino por ser "lo más justos en términos de contrataciones públicas".
Como parte de su drástico plan de ajuste de 'shock' para recuperar el superávit fiscal, Milei, quien asumió la Presidencia argentina en diciembre pasado, ha cancelado miles de contratos de trabajadores que se habían incorporado a la Administración pública en el último tramo del Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).
Además, ha avanzado en el cierre de Ministerios, Secretarías, organismos y empresas estatales, lo que ha supuesto también un buen número de despidos.
De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, en enero pasado la dotación de personal estatal era de 333.853 trabajadores, de los cuales 224.072 estaban en la Administración pública nacional y 109.781 en empresas y sociedades del Estado.
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