Esta decisión, tal y como ha explicado Rodríguez, es el resultado de que no se haya procedido al inicio de las obras en el plazo marcado, que expiró ayer, ni se haya realizado comunicación alguna al Ayuntamiento.

A partir de ahora, y "si el proceso no se interrumpe por una buena noticia", se iniciará la tramitación del expediente por incumplimiento culpable de la empresa, con una incautación inmediata de la garantía, que equivale al cinco por ciento del presupuesto de obra, unos 205.000 euros.

Además, según ha avanzado la concejal de Servicios Sociales, los jurídicos municipales estudiarán la posibilidad de exigir otras responsabilidades accesorias por no haber iniciado el proyecto, con las consecuencias que ello supone.

Sonia Rodríguez ha insistido en que se trata de una "postura firme" del equipo de Gobierno ante un contrato firmado, que la empresa debe cumplir y por el que se han mantenido múltiples reuniones en los últimos meses.

En este sentido, y ante la coyuntura actual, ha explicado que se trasladó a la empresa la posibilidad de modificar el contrato en un futuro o acudir a una revisión de precios, ya que "existen instrumentos legales suficientes" para adaptarlos a las circunstancias actuales, sin que se haya obtenido respuesta favorable al respecto.