El Alto Tribunal ha rechazado de este modo el recurso de casación presentado en julio de 2021 por la exempleada contra el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que en junio de ese año avaló la resolución de su contrato después de que el Juzgado de lo Social número 1 de València lo declarara improcedente en enero a petición de Zafra y de que la EMT recurriera esa resolución.

El Tribunal Supremo, en un acto del pasado 5 de julio al que ha tenido acceso Europa Press, señala que contra su decisión no cabe recurso alguno y decreta "la firmeza de la sentencia recurrida sin imposición de costas a la parte recurrente". Asimismo, este documento recoge que el Ministerio Fiscal emitió "precepctivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso".

En este auto, el TS sostiene que la extrabajadora, directora del Negociado de Administración de la EMT cuando se produjo el fraude, "era la encargada de realizar pagos en la empresa" y explica que "recibió una llamada telefónica y varios correos electrónicos de alguien que, suplantando la identidad de la máxima autoridad de la empresa y de un abogado de una conocida consultora, le ordenó la realización de una operación financiera urgente".

A esto agrega que "la petición fue acompañada de la firma de un documento de confidencialidad que le obligaba a no revelar a nadie la operación" e indica que la exempleada "remitió a los estafadores documentos de la empresa con los que dio acceso a las firmas de los apoderados de la sociedad, facilitando de este modo su falsificación".

El Supremo comenta que la EMT "entregó a la trabajadora carta de despido disciplinario fundamentada en un incumplimiento grave y culpable" porque "teniendo un cargo de directora de Negociado de Administración en la empresa dispuso hasta en ocho ocasiones de fondos de una cuenta corriente abierta en CaixaBank con destino a una cuenta de un banco de China en Hong Kong a favor de dos compañías extranjeras desconocidas para la empresa".

En este punto, habla de "uso fraudulento de las firmas de dos apoderados de la entidad", de "suplantación de personas y direcciones de correo electrónico orientadas a una inexplicable adquisición de una empresa en China por una empresa pública española" y añade que "en ningún momento" se informó "acerca de dichas transferencias" a los superiores de Zafra.

Asimismo, el Alto Tribunal considera que tampoco se empleó "la diligencia mínima exigible con un importe total defraudado de 4.040.898,22 euros" y plantea que, "dado el puesto que la trabajadora ocupaba en la empresa, no debió dar crédito a la operación financiera sin tan siquiera realizar antes unas mínimas comprobaciones con sus superiores jerárquicos que, en ningún caso, vulnerarían el documento de confidencialidad que se le había exigido firmar".

"ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL"

"Resulta absurdo pensar que sus superiores jerárquicos no estaban al corriente de dicha operación de haber sido real", precisa el TS, que sostiene que eso "contravendría las más elementales normas de organización empresarial".

El tribunal habla del "puesto de responsabilidad en la empresa" que tenía la exempleada como "directora de Negociado de Administración" y avala que "debió tener un comportamiento más sigiloso y no haber dado crédito a la operación financiera sin tan siquiera realizar antes unas mínimas comprobaciones con sus superiores jerárquicos". Reitera que "de haber sido cierta la operación", estos "debían estar al corriente" de la misma y rechaza las alegaciones de la recurrente.

TRIBUNAL DE CUENTAS

El departamento 3º del Tribunal de Cuentas declaró el pasado mes de junio responsable contable directa a la exempleada de EMT València y la condenó a reintegrar los más de 4 millones de euros defraudados a la empresa pública, además de los intereses de demora.

El órgano fiscalizador consideró que la empleada incurrió en responsabilidad contable cuando, a lo largo del mes de septiembre de 2019, facilitó que se produjeran ocho transferencias bancarias a cuentas en un banco de Hong Kong, de la supuesta titularidad de dos empresas extranjeras sin relación comercial alguna con la sociedad municipal.

Según el Tribunal de Cuentas, Zafra facilitó información sobre los cargos competentes de la EMT para autorizar y ordenar pagos a cargo de la sociedad, con sus DNI escaneados y documentos en los que aparecían sus firmas, pero para ello no informó a sus superiores ni consultó a sus compañeros dicha operación, el procedimiento o el destino de los fondos.

El Juzgado de Instrucción número 18 de València mantiene una investigación abierta por este fraude.