Puig ha valorado así la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, que ha estimado el recurso de la asociación de vecinos de La Punta La Unificadora y ha anulado la resolución de la Conselleria de Vertebración del Territorio de 2018 que disponía aprobar definitivamente el plan especial de la ZAL. Sus socios de gobierno (Compromís y Podem) ya pidieron este fin de semana que no se recurra el fallo.

"En función de lo que plantee la Abogacía, se actuará siempre de acuerdo con la ley y teniendo en cuenta las consecuencias que tiene una acción que no se hace ex novo por parte de la Generalitat, sino que es de hace mucho tiempo", ha declarado tras la presentación de un plan de ayudas para la rehabilitación de viviendas.

A partir de ahí, el también líder del PSPV ha defendido que "habrá que trasladar las consecuencias que tiene esta decisión en términos económicos", por lo que ha pedido cautela y "ver cómo lo plantea exactamente la sentencia". "Desde luego -ha garantizado-, lo que vamos a hacer es seguir las indicaciones de la Abogacía".

Tras remarcar que no ha hablado de esta cuestión con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y que él no ha leído la sentencia, ha insistido en que cualquier decisión debe velar por el interés general y compatibilizar la sostenibilidad y la transición energética con la creación de empleo.

Dicho esto, Puig ha afirmado que no "sinceramente" todavía no puede avanzar si se recurrirá o no porque hay que ver las consecuencias de la sentencia y lo que "realmente implica".

Y sobre la petición de los vecinos de trasladar la ZAL al puerto de Sagunt ha puntualizado que "no es tan sencillo cambiarla de un lugar a otro porque ya hay una instalación hecha". "Si la decisión fuera de hoy, no se haría en esas condiciones", ha añadido, para remarcar que es "una cuestión sobrevenida y que, sobre todo, tiene unos costes importantes".