El acuerdo, adoptado este miércoles por unanimidad, se produce después del crimen el pasado domingo en Sueca (Valencia) de un niño de 11 años a cuchilladas presuntamente por parte de su padre, condenado por maltratar a la madre. Fue precisamente la madre del menor quien dio el aviso tras desplazarse hasta la casa del hombre para recoger a su hijo y que nadie le abriera. Un juzgado había establecido la custodia compartida del niño al no ser informado de la condena que pesaba sobre el padre.

La Sala de Gobierno del TSJCV ha acordado una declaración en la que admite que el sistema es "mejorable" y "no es infalible" y en la que subraya que en la mejora de este sistema "hay que poner todo el empeño" pero avisa de que hablar "de fallos o de errores es una simplificación que hace mucho daño", al tiempo que incide en que, en estos casos, el culpable "es el agresor".

La Sala de Gobierno expresa su "hondo pesar" por la muerte de niños y mujeres víctimas de la violencia de género y en la que muestra el "respeto institucional al sistema de prevención de estos casos, que con demasiada frecuencia nos estremecen y aterran por ser muertes contrarias a la ley natural, al respeto a la vida y al cuidado de los hijos".

Los miembros de este órgano han enviado su apoyo y confianza a todos los jueces y actores que intervienen en la administración de Justicia en estos supuestos relacionados con la violencia ejercida sobre la mujer, sobre sus hijos o demás miembros de la familia.

ADECUAR LOS PROTOCOLOES

"Es nuestro deber trabajar de manera incansable para adecuar legislación y protocolos a las realidades sociales sin perder nunca de vista el sufrimiento de las víctimas, priorizando la coordinación y el trabajo conjunto en el seno de las Comisiones Provinciales de Coordinación contra la Violencia de Género constituidas por el Consejo General del Poder judicial y presididas por los presidentes de las Audiencias Provinciales", se refleja en el texto.

Para la Sala de Gobierno del TSJCV, "la crítica ha de servir para no cejar en el propósito de perfeccionar el sistema de protección sin olvidar que el riesgo cero no existe" aunque advierte de que "si trasladamos la idea de falta de coordinación institucional, se acentuará la sensación de desamparo por parte de las víctimas de esta terrible lacra que merecen una respuesta sólida y efectiva del Estado".

"Procede reiterar el apoyo, la confianza y el respeto a los jueces especializados en violencia machista, a los juzgados mixtos y, en definitiva, a cualquier órgano judicial que vea un asunto de este tipo", apunta la Sala de Gobierno del alto tribunal valenciano, que añade que el reconocimiento "por su entrega y por la extraordinaria labor que están desarrollando debe ir ligado a la idea de que solo hay un culpable: el agresor".

Pese a que el sistema es "mejorable", la Sala de Gobierno recuerda que los jueces de la Comunitat Valenciana, los fiscales, los policías, los guardias civiles, los psicólogos o los forenses, todos ellos, "salvan miles de vidas de mujeres y niños" y considera que ese "es el mensaje que debemos trasladar a la sociedad" porque lo contrario, advierte, "erosionará la confianza de las víctimas en el sistema". "Y eso no se lo puede permitir la Justicia, pero sobre todo, no se lo puede permitir ninguna víctima", concluye.

PRÓXIMA REUNIÓN

Por otra parte, la presidenta de la Audiencia de Valencia, Esther Rojo, ha acordado este miércoles la convocatoria de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, para este viernes, con el único punto del orden del día de tratar de la violencia sicaria y las propuestas de mejora tras el reciente crimen de Sueca.

En la Comisión están integrados, además de la Audiencia, Fiscalía Provincial; el decano del Decanato de Valencia; representante de Secretaría Autonómica de Igualdad y de la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia; de Delegación del Gobierno, Ayuntamiento de València, Diputación, FVMP, del ICAV y Colegio de Procuradores, de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, director del Centro Penitenciario y de los Centros de Inserción Social, de la Facultad de Derecho Universitat de València y del Instituto de Medicina Legal.