En concreto, el plan incluye la comprobación de los precios públicos por ocupaciones de suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de los negocios explotadores de este tipo de servicios, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al órgano colegiado que la corporación "centrará sus esfuerzos en que también estas grandes empresas, muy en boga por la crisis energética, contribuyan a la ciudad de València como deben y como dice la ley que deben hacerlo".

En relación a las tasas a los empresas de gas y electricidad, el edil ha manifestado que, debido a su complejidad, "lleva mucho tiempo regulada en los ayuntamientos y aún no hemos conseguido ninguno cobrarla acorde a lo que debería ser". De ahí la medida de refuerzo en la inspección.

EMPRESAS DE MOTOS ELÉCTRICAS

Sanjuán se ha referido a otros objetivos del plan de control tributario, que "en los últimos seis años ha permitido rescatar del fraude fiscal más de 42 millones de euros, según el Ayuntamiento.

El edil ha informado que se han "cerrado conformidades" con las empresas de motos eléctricas compartidas que han estado desarrollando su actividad en la ciudad, "pese a que aún no existía autorización". De ese modo, "como elemento preceptivo para poder obtener esa autorización, van a tener que pagar por el uso efectivo que ya han hecho del espacio" en torno a 390.000 euros.

"PARAÍSOS FISCALES EN CENSOS DE VEHÍCULOS"

Asimismo, se investigará "la simulación de domicilio de vehículos que operan en València, pero que están censados en otros municipios y, por tanto, no están pagando el tributo donde tienen que hacerlo".

Sanjuán se ha referido a "paraísos fiscales de censo de vehículos, algunos muy relevantes, donde hay muchísimos más vehículos que personas censadas, y hay veces que esta cifra se multiplica por diez o incluso por cien".

Por otra parte, tal como ha señalado el concejal, se proseguirá con la comprobación en los sectores de comercio, hostelería, hospedaje, inmobiliarias, servicios recreativos y culturales, de fabricación, financieras y seguros, sobre aquellas actividades que facturan más de un millón de euros.

Se trata de "líneas donde el fraude fiscal es más cuantioso y puede ser más productivo obtener estos recursos para el Ayuntamiento". De hecho, del total de las inspecciones sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de cada 100 euros investigados, hay 78 en fraude fiscal.

Finalmente, otro de los aspectos en los que se centrará el plan de inspección municipal consiste en solucionar la "avalancha de situaciones en relación con la plusvalía" afectadas por las sentencias del Tribunal Constitucional.

La Junta de Gobierno también ha autorizado este viernes la adjudicación del contrato de colaboración en la gestión del cobro de la tasa de alcantarillado a EMIVASA, por importe de 3.630.000 euros y cinco años de duración. El edil ha indicado que, con el cambio de normativa, el Ayuntamiento se ha visto obligado a adaptar la manera de contratación del cobro de la tasa, "pero se mantiene dentro de los mismos términos y ningún vecino notará ninguna alternación", de manera que "ahorramos trámites y burocracia".