Esta decisión deja sin efecto parte del blindaje pretendido por la Junta, aunque el alto tribunal se tendrá que pronunciar en un futuro sobre la constitucionalidad de las leyes autonómicas.
Las Cortes y la Junta criticaron que el TC cambiase su doctrina de forma «radical» en este auto, ya que con anterioridad levantó la suspensión de la otra normativa sobre archivos.
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