En un auto consultado por Europa Press, el juez impone estos 23 millones de fianza a 12 acusados y a la Agencia Española del Medicamento ("responsable de no haber controlado los productos defectuosos de Traiber", reza el texto), y 22,5 millones al CatSalut, al Institut Català de la Salut (ICS) y a su aseguradora como responsables civiles.

También en calidad de responsables civiles, fija una fianza de 17,5 millones para el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) y el grupo asistencial Sagessa, y la misma cantidad para el Hospital Sant Joan de Reus, del que 35 pacientes afectados se han personado como denunciantes en la causa.

En el auto, el juez reprocha que "es grave que un empresario, con la ayuda de unos políticos (el Ayuntamiento de Reus), presione, presuntamente, a médicos para que contraten ilegalmente sus prótesis", y ve aún más grave que las prótesis se coloquen a cualquier precio, estando en mal estado o caducadas, e incluso pagando a los médicos para que no lo explicaran.

Advierte de que la causa "ya no solo es un problema de presunta corrupción, sino que es un problema de que, como consecuencia de la presunta corrupción" se pone en riesgo la salud de la ciudadanía.

"Y es que aquí no se presionó o no se pagó, precisamente, para poner las mejores prótesis del mercado, ni si quiera las menos malas, se presionó y se pagó por colocar prótesis caducadas o en mal estado", zanja al explicar por qué no es solo un caso de corrupción.

El juez explica en el auto que un informe de la Generalitat "recoge que Traiber estaba vendiendo implantes de polietileno caducados", unos implantes que se vendían esterilizados y caducaban en 5 años.

Durante los registros por esta causa se encontraron implantes fabricados y esterilizados en 1998 -solo se podían implantar hasta 2003- "pero los reetiquetaban y habían extendido su caducidad hasta finales de 2014".

DELITOS Y MÁS FIANZAS

El juez también ha fijado fianzas de 2 millones para la Clínica del Remei (con cuatro afectados personados en causa), de 1 millón para la Cínica Copérnico de Barcelona y la Policínica Comarcal del Vendrell (Tarragona), con dos afectados personados cada una, y de medio millón para el Hospital de Barcelona, el Hospital Joan XXIII de Tarragona y la Clínica Montpellier de Zaragoza, con un afectado en cada una.

En esta causa el juez atribuye distintos delitos a los investigados, principalmente los de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho (soborno), fraude a la administración, estafa, delito contra la salud pública y blanqueo de capitales.