El acusado, jefe de departamento del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), presentó el 5 de septiembre de 2019 una demanda por vulneración de derechos fundamentales por acoso laboral y reclamación de daños y perjuicios, que fue turnada al Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo.

En esa demanda, el acusado atribuía al exgerente del SEPA un caso de acoso o "moobing" profesional y laboral, lo que le habría llevado a necesitar consulta psiquiátrica y a tener que consumir fármacos por el supuesto hostigamiento al que habría sido sometido.

En el procedimiento recayó sentencia en la que se afirmo que, "atendiendo a la prueba practicada en el plenario, es evidente que no existe en este caso ni un solo indicio de la existencia del acoso". La sentencia reflejaba que "lo cierto es que en el expediente disciplinario existen unos cuantos hechos que, en principio, son susceptibles de responsabilidad disciplinaria, cuando menos existen varias actuaciones irregulares que, de por sí, eliminan la arbitrariedad que se le imputa al gerente" y "además, la incoación de ese expediente no se trata de una decisión arbitraria o abusiva, como entiende el actor, sino que se trata de una actuación completamente legal".

También se afirmaba en la sentencia que "otro dato que impide estimar que la iniciación del expediente obedezca a la animadversión del gerente hacia el demandante es que, si bien es cierto que fue él quien propuso la iniciación del expediente, no lo hizo de forma automática y sin llevar a cabo ninguna investigación, sino que lo hizo tras exigir al actor un informe sobre los hechos, otro informe al bombero, otro al jefe de turno, otro al supervisor de la sala de coordinación y otro al bombero jefe de la zona".

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de calumnia contra funcionario público y solicita que se condene al acusado a 9 meses de multa, a razón de 15 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al exgerente del SEPA con 6.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes.