Asimismo, ha destacado que los recursos previstos contarán con 43,2 millones procedentes de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), enmarcados en los fondos Next Generation.

Así lo ha dicho en su comparecencia parlamentaria en la Comisión de Hacienda de la Junta General, señalando que esos fondos serán positivos para impulsar la economía asturiana tras lo más duro de la pandemia y avanzar en la transición justa, aunque también ha advertido del esfuerzo de gestión que requieren.

En ese sentido, Fernández ha indicado que "la intencionalidad política del presupuesto hace referencia a la necesidad de mantener la lucha contra el desempleo reforzando las políticas activas, prestando especial atención específica a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral", así como a la reactivación económica post-covid, al impulso de la transición energética justa, la promoción de las sostenibilidad medioambiental, a la diversificación del tejido productivo y al fomento de la transformación digital del comercio minorista y el emprendimiento colectivo.

Entre las partidas más significativas de la Consejería ha mencionado los algo más de 121,96 millones de euros para políticas activas de empleo; los 24,01 millones para promoción de energías renovables, actuaciones de ahorro y eficiencia energética y movilidad sostenible; los 24,43 millones para la reactivación de municipios mineros y afectados por cierres de centrales térmicas; o los 10,15 millones para el fomento de emprendimiento, el autoempleo y la economía social; así como un millón para una nueva línea de promoción de la economía circular.

Además, el consejero ha explicado que una "parte relevante" del presupuesto da cumplimiento a los programas contemplados en los acuerdos de concertación regional suscritos por el Gobierno de Asturias con los agentes sociales y económicos.

Respecto a las cuentas de este año, Fernández ha comentado que la ejecución presupuestaria a 2 de diciembre presenta un 90,26% de los créditos en fase de autorización, y un 74,14% en fase de obligación.