El documento remitido por Hacienda propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales.

En concreto este cálculo afecta al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que actúa como mecanismo de nivelación para garantizar que todas las CCAA reciben cada año los mismos recursos por habitante para financiar sus servicios públicos fundamentales, en términos de población ajustada o unidad de necesidad.

En el informe del grupo de trabajo se concluye que, de cara a una reforma del sistema de financiación autonómico (SFA) "no existen evidencias claras para modificar la variable insularidad". "En todo caso, sería la incidencia en los recursos de estas Comunidades derivada del conjunto de instrumentos ligados a sus características especiales la que debería ser analizada de manera agregada en el proceso de reforma", se indica.

El documento señala que en el cálculo que se hizo para el SFA de 2009 las proporciones que representa esta variable ya se reajustaron para que el peso que supone la insularidad sobre la financiación de la sanidad y la educación se trasladase a la población ajustada. Dado que en un nuevo modelo "sería previsible que hubiera una población ajustada similar conceptualmente a la actual, no procedería ninguna homogeneización en este sentido".

COSTES FIJOS

Una novedad es que la propuesta incluye variables de costes fijos vinculados al gasto, un factor que podría afectar a las siete comunidades autónomas de menor población (inferior a dos millones de habitantes), lo que incluye a Baleares.

Se considera que esas Comunidades tienen mayores dificultades para alcanzar economías de escala y que los costes fijos tienen un mayor impacto para ellas. La ponderación tendría en cuenta tramos de 500.000 habitantes, lo que sitúa a Baleares en el mismo grupo que Aragón, Extremadura, Asturias y Murcia.

El informe difundido este viernes parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, por lo que Hacienda defiende que se ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que han participado en estos encuentros.

Entre otros aspectos, la propuesta eleva el peso de la población protegida equivalente, ampliando grupos de edad para precisar el coste real sanitario, y de variables vinculadas a la educación, ya que hasta ahora se tomaba como referencia la población de 0 a 16 años y quedaban excluidas otras etapas académicas como la universidad o la FP. En el documento se plantean varias opciones de cómo podrían computar las variables referidas a las necesidades educativas de la población.