El fiscal acusa al hombre de haber cometido los abusos durante un tiempo de entre dos y tres años, aprovechándose del hecho de ser su padre para anular la voluntad del menor y obligarle a que le realizase prácticas sexuales.

La Fiscalía pide, además de la pena de cárcel, una orden de alejamiento en favor de la víctima durante 15 años, así como una indemnización de 50.000 euros.

Asimismo, solicita retirarle la patria potestad e inhabilitarle para cualquier actividad que conlleve contacto regular y directo con menores.

Finalmente, plantea una medida de libertad vigilada con obligación de participar en programas de educación sexual.