"Estos trabajadores están sometidos a las condiciones laborales de una empresa concesionaria norteamericana, que va sustituyendo progresivamente al personal de nuestro país por personal civil o militar norteamericano. El tratado bilateral entre España y EEUU expira en julio de 2022, por lo que ahora es el momento de reivindicar un cambio de rumbo al gobierno norteamericano y a los ministerios de Exteriores y Fefensa españoles", comenta Lay.

Miguel Ángel Bustamante, diputado de Unidas Podemos, partido que cogobierna el Estado junto al PSOE, ha admitido que "es fundamental que el gobierno de España, en el marco del acuerdo de cooperación, blinde y garantice los puestos de trabajo" de la plantilla española de la base.

En IU sostienen que rechazan la presencia de bases militares extranjeras en territorio español, pero destacan que, mientras estén aquí, hay que exigir "que el Gobierno cuide los derechos sociolaborales del personal y se controlen las contrataciones de personal norteamericano y las cotizaciones de las empresas contratistas".

"Queremos, en definitiva, que los trabajadores y trabajadoras de la base de Morón tengan los mismos derechos y leyes laborales de nuestro país para evitar que continúen los despidos, y que la empresa contratista norteamericana no aproveche la legislación de su país para dejar de cotizar por los beneficios económicos que obtiene en España", declara Lay.