El sindicato señala en un comunicado que el texto de la normativa está aún siendo analizado por sus servicios jurídicos, aunque considera que "de por sí genera incertidumbre jurídica y es más que cuestionable en este sentido".

La secretaria general de la federación UGT-Servicios Públicos en Cantabria, Carmen Meruelo, considera que el planteamiento "es discriminatorio de por sí, porque beneficia a unos interinos pero no a otros por mero criterio del Gobierno".

También cree que "es cuestionable jurídicamente y más -apunta- si se tiene en cuenta que venimos reivindicando desde hace años el concurso como vía de estabilización del empleo público y siempre se nos ha rechazado porque lo desaconsejaban informes jurídicos de la administración".

Además, recuerda la existencia de sentencias que "han dejado claro que toda interinidad o temporalidad que supere los tres años de antigüedad puede considerarse contratación en fraude de ley".

"Este proyecto de ley no soluciona el problema de la gran interinidad actual en el sector público, que se acrecentó como nunca con la Ley de Montoro, porque no afecta a los que no ocupan la misma plaza sino que vienen ocupando diferentes vacantes, como por ejemplo sucede con frecuencia en la enseñanza y la sanidad", asegura.

"En la enseñanza y la sanidad se concentra más del 40% de todo el empleo público de Cantabria y sus niveles de interinidad superan el 30%", agrega la secretaria general de UGT-Servicios Públicos.

A juicio de Meruelo con el proyecto legislativo "no se hace previsión alguna de los procesos selectivos de estabilización que ya se han realizado y en algunos casos con resultados desalentadores, como por ejemplo en el Gobierno de Cantabria, donde un buen número de interinos han perdido su puesto de trabajo".

Y lamenta para concluir que "tampoco hay previsión alguna para los procesos selectivos cuya convocatoria se ha publicado ya, por lo que desde UGT abogamos por solicitar la suspensión cautelar de los mismos". "Es inadmisible la actitud de las administraciones públicas como empresarios porque consideran la negociación de esta materia como potestativa cuando tendría que ser obligatoria", sentencia.