En una visita a las citadas instalaciones, la parlamentaria andaluza Teresa Jiménez, acompañada por la diputada Elvira Ramón, ha constatado, según ha informado el PSOE en una nota, "el malestar del personal" y ha lamentado que el Gobierno de Moreno haya sido "incapaz", en tres años, de buscar una alternativa a la "grave situación que padecen", y que tiene su repercusión en los usuarios.

Jiménez, que ha estado acompañada también por los parlamentarios andaluces María José Sánchez Rubio y Juan José Martín Arcos, ha informado de que el Grupo Socialista ha llevado este asunto al Parlamento andaluz, y ha criticado que la respuesta de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, al respecto evidencie su "irresponsabilidad e insensibilidad al mantener a unos trabajadores en unas oficinas que ya fueron declaradas no aptas en 2018 y que presentan riesgo cierto de inundación con peligro de electrocutamiento".

"En todo este tiempo, la Junta no ha contratado ni siquiera el alquiler de un inmueble para trasladar al personal y mejorar las condiciones de su entorno laboral, pese a contar para ello con una subvención del Servicio Público de Empleo Estatal, y ahora no tiene escrúpulo al intentar hacer responsable al gobierno anterior", ha señalado.

Así, la parlamentaria socialista ha recordado que la competencia en este asunto es autonómica y ha subrayado que el anterior Gobierno andaluz "ya intentó corregir la situación con diversas obras de mejora de canalizaciones y recogida de aguas".

Es una "actuación insuficiente", ha mantenido Jiménez, a tenor de las inundaciones que tuvieron lugar en septiembre de 2020 y en abril de este mismo año, por lo que ha apremiado al Gobierno de Moreno a que "deje de mirar para otro lado y busque una solución antes de que vuelva a repetirse otro desagradable episodio".

Tras censurar que el SAE "no se ha dignado a responder ni por escrito ni verbalmente a las comunicaciones presentadas" por los trabajadores afectados, ha denunciado que la única solución que ha ofrecido haya sido "enviar a teletrabajo por periodos de un mes a los empleados ubicados en el sótano, lo que repercute negativamente en la prestación de algunos servicios como el de orientación laboral".

"Este es un ejemplo del desprecio del Gobierno andaluz a las políticas activas de empleo que se desarrollan en estas dependencias y de las que tan necesitada está la comarca del Valle de Lecrín", ha concluido.