En rueda de prensa, Rodríguez Villalobos ha expuesto que desde que el pasado 26 de octubre fuese emitida la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios artículos de la Ley de Haciendas Locales referidos al sistema de determinación de la base imponible del citado impuesto, el Gobierno central "ha resuelto en 14 días" la situación mediante este Real Decreto-ley publicado esta misma jornada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con la nueva regulación derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional, según ha destacado, se elimina el cobro "incongruente" del citado impuesto municipal a quienes vendían un inmueble sin cosechar sin embargo "ningún beneficio económico" con la operación.

Especialmente, ha valorado la "sensibilidad y generosidad" del Gobierno a la hora de reformar el mencionado tributo municipal, estipulando un plazo de seis meses para que los ayuntamientos adapten sus ordenanzas fiscales a la nueva regulación e incluyendo instrumentos para que los mismos hagan frente a los "vaivenes del mercado inmobiliario" y para que el contribuyente elija pagar en función del valor catastral con coeficientes actualizados o según la plusvalía real, es decir la diferencia entre el precio de compra y el de venta.

Considerando "correcto y de sentido común" el proceder del gobierno, Villalobos ha detallado que merced a los datos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación de Sevilla, que recauda las plusvalías de 79 de los 106 municipios sevillanos; queda de relieve que al margen de la capital, las localidades de la provincia vendrían cobrando una media anual de 13 millones de euros por la aplicación de las plusvalías.

Sólo en 2020, por ejemplo, el Opaef gestionó 12.396 liquidaciones del citado impuesto por valor de 8,3 millones de euros en los 79 municipios en los que se encarga de la recaudación del mismo, pesando en el cálculo aportado una estimación media del cobro del 75 por ciento del total de las liquidaciones.

No obstante, dado que la anulación judicial de este tributo municipal afecta a una casuística concreta de las operaciones de compraventa de inmuebles, Villalobos ha manifestado que su institución no cuenta con datos precisos sobre el impacto concreto de la reforma del impuesto en materia de la recaudación de los municipios sevillanos por el mismo.