Àlvaro ha subrayado que se trata de un derecho que se recoge en el artículo 8.1. del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, aprobado vía decreto legislativo en 2019.

Según la diputada de Compromís, la aplicación de la norma se encuentra actualmente "con unas limitaciones a la hora de hacer efectivos los derechos lingüísticos en el ámbito del comercio y consumo, en cuanto a la capacidad de la administración de aplicarla y aquello que comporta".

Una situación que es consecuencia, a su juicio, de una redacción "demasiado genérica" y que "no especifica qué supuestos concretos serían considerados como vulneración de los derechos lingüísticos de expresarse en valenciano o en castellano", según recoge la coalición en un comunicado.

En esta línea, la diputada de Compromís preguntó en la última sesión del Pleno del parlamento valenciano sobre el posicionamiento de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo respecto a una reforma del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias para "incrementar las garantías" referentes a los derechos lingüísticos y también anunció la presentación de esta iniciativa.

VULNERACIÓN

Àlvaro ha alertado de la existencia de "muchos casos" en la Comunitat de vulneración de los derechos lingüísticos en este ámbito. "Unos se denuncian y otros no, o recibimos como respuesta amenazas e insultos cuando intentamos vivir en valenciano", ha lamentado.

"El fin de semana pasado, por ejemplo, cuando a grito de 'aquí se habla el idioma nacional' en un restaurante de Gandia se negaron a servir una persona y le negaron su derecho a poner una reclamación", ha ejemplificado.

Por ello, ha instado a "fortalecer los mecanismos para garantizar los derechos lingüísticos de los valencianos, los derechos de todas y todos a no ser objeto de ninguna situación de vulneración, de discriminación por el hecho de hablar nuestra lengua ante los ataques, la intolerancia y los últimos casos de discriminación" que se han dado en España.

"Porque esta discriminación solo se produce en un sentido", ha lamentado la portavoz adjunta de Compromís, que ha incidido en la necesidad de ampliar en el decreto la redacción del artículo 8.1 y mejorar los aspectos de la ley que, a su juicio, "no están clarificados para garantizar de esta manera los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias".

"Además, y por supuesto, se hace necesaria la continuación de la política de promoción del uso del valenciano entre el sector del comercio y el consumo", ha concluido Mònica Álvaro.