Desde el gobierno local (PSOE-Cs) se ha incidido en que la indemnización que el Ayuntamiento abonará es de 3,8 millones de euros y no de ocho millones como el PP ha intentado "inocular" en la opinión pública.

Colomo ha hecho hincapié en un comunicado que con nulidad del contrato o sin ella en los tribunales, la firma de la prórroga "por un alcalde del PP, que no de PSOE ni de Cs", conllevaba abonar a la empresa una indemnización por unos derechos generados en este tiempo.

También ha hecho referencia a la foto del brindis electoral por la victoria del PP en 2011, con la presencia de Castillo en este acto y ha señalado que esa instantánea "ha costado ocho millones de euros a la ciudad, los 3,8 del acuerdo para que la empresa se vaya definitivamente y los cuatro que costará la puesta en marcha del tranvía que paralizaron ambos en connivencia y que en esa época funcionaba y estaba a estrenar".

La edil ha reiterado que el equipo de gobierno no desiste de la vía judicial en caso de que el pleno no rubrique el próximo viernes este acuerdo, pero recuerda que esta vía, a pesar de estar "plenamente convencidos de que nos daría la razón", no permitiría desarrollar la hoja de ruta en el nuevo servicio, además de que "no garantiza en ningún caso que los costes legales y la indemnización de este proceso fueran incluso mayores que el acuerdo al que se ha llegado".

No obstante, la edil ha precisado que el PP tiene ante sí y con su voto en pleno "la responsabilidad que le da las consecuencias de los actos derivados de su gestión en anteriores mandatos y de priorizar el interés político y económico de unos pocos por encima del general".

En este sentido, el edil de Control de Servicios Municipales, Francisco Lechuga, ha mostrado su "enfado" y "tristeza" por la manipulación de las cifras que se ha hecho. "El Ayuntamiento solo abona 3,8 millones, recibe además libre de cargas los bienes que le corresponden de todos estos años y los pone al servicio de la nueva empresa para que utilice en la medida de sus posibilidades", ha dicho.

Ha añadido que parte de este dinero irá destinado a pagar los atrasos pendientes a los trabajadores que es de unos 200.000 euros, equivalente a dos nóminas. En cuanto a la plantilla ha indicado que solo tenían situación estable unos 15 y que la nueva empresa, ALSA, pudiendo subrogarse solamente en esa cifra como marca la ley ha ido más allá y se ha hecho cargo de unos 60 empleados.

Ambos ediles han aclarado también que la subvención del Ministerio de Fomento por 1,5 millones de euros no procede del Ayuntamiento y es una cantidad que cobrarán las empresas de transporte por bus de las distintas ciudades de España como compensación por las limitaciones en el transporte durante la pandemia.

"Hemos considerado llegar a este acuerdo y esperamos que los grupos municipales lo secunden porque permite a Jaén avanzar", ha dicho Lechuga. El concejal ha avanzado que en un mes se pondrán en marcha la app con el seguimiento de los autobuses y los paneles informativos digitales en paradas. A continuación vendrán nuevas líneas y servicios.

"El objetivo es pasar de cuatro millones de viajeros que había antes de la pandemia, una cifra en vertiginoso descenso, a los cinco o seis en el corto y medio plazo y estoy convencido de que lo conseguiremos y eso como mejor se hace es generando la mayor tranquilidad posible", ha manifestado.