En este sentido, reclaman un cambio en la normativa para que la unidad de valoración para recibir ayudas por despoblación no sea la provincia, sino las comarcas o municipios con dificultades poblacionales.

"Más allá de la provincia de Teruel, sin cuestionar sus problemas demográficos, hay otros territorios como la provincia de Huesca que sufren la despoblación", ha expuesto el portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Huesca, Antonio Biescas.

"Consideramos fundamental la puesta en marcha de cualquier tipo de política que favorezca a los habitantes y empresas del medio rural, pero es importante que su aplicación se haga extensiva a todos los territorios afectados por el reto demográfico", ha añadido AntonioBiescas.

En la propuesta se recoge la petición de que las empresas del Alto Aragón se beneficien también de la rebaja de un 20 por ciento de los costes laborales, previsto en el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

5 DE 10 COMARCAS

Biescas ha recordado que 5 de las 10 comarcas altoaragonesas están consideradas desierto demográfico, pues no superan los 12'5 habitantes por kilómetro cuadrado. Excluyendo a las cabeceras comarcales, ninguna alcanza esa cifra.

"Es especialmente preocupante la situación en Alto Gállego y Ribagorza, donde escasamente se superan los 3 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra que no se alcanza en las comarcas de La Jacetania y Sobrarbe".

Pese a estas cifras, ha considerado que "se está confundiendo la densidad con la despoblación, puede haber territorios con baja densidad y que no tengan problemas de despoblación", por eso, la propuesta de resolución de los socialistas pide un cambio en la normativa para que la unidad de valoración para recibir ayudas por despoblación no sean los habitantes por kilómetro cuadrado a nivel provincial, sino que se tenga en cuenta la realidad comarcal e, incluso, municipios con dificultades poblacionales, ha aclarado.

El portavoz socialista ha agregado que no es la primera vez que la DPH pide un trato diferenciado para los habitantes y empresas del medio rural.

Biescas ha recordado que la institución ha demandado en reiteradas ocasiones, tanto públicamente como en reuniones con representantes gubernamentales, "la necesidad de que se aplique una fiscalidad diferenciada en el medio rural para generar empleo, pero también para favorecer que los habitantes de las pequeñas localidades puedan permanecer en sus localidades de origen y desarrollar en ellas sus proyectos de vida. Algo que, además, esta institución ha defendido de manera unánime en el pleno de la corporación".