Se trata de un grupo organizado, compuesto por "ciudadanos reincidentes" en estos asuntos y que ya habían defraudado en diferentes administraciones, según la información facilitada por la Comisaría Provincial de Salamanca.

En este caso, las detenciones se han efectuado dentro de la tercera fase de la 'Operación Juntay', que forma parte de una investigación que comenzó hace casi dos años y que ya permitió el pasado mes de julio, en la segunda fase, la detención de otras 14 personas, además de la incautación en ese momento de 450 plantas de marihuana.

Sobre el proceso, la Policía Nacional ha recordado que, en un primer momento, desarticuló una red dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal, cuando constato que se trataba de un grupo organizado, con una estructura asentada en Salamanca y cuya actividad se dirigía a promover el tráfico ilegal de ciudadanos marroquíes.

Para su actividad delictiva sus integrantes utilizaban documentos falsificados que posteriormente presentaban en el Ayuntamiento de Salamanca para obtener empadronamientos, y la investigación continuó para conocer el destino de los certificados obtenidos fraudulentamente.

En la segunda fase de la investigación comprobó que, además de favorecer la inmigración irregular, utilizaban la documentación obtenida fraudulentamente para solicitar distintas ayudas en la administraciones públicas, una práctica con la que la organización obtenía de "grandes beneficios".

En esta ocasión, en la tercera fase culminada ahora, los agentes han detectado que cobraban prestaciones de la Seguridad Social, concretamente del Ingreso Mínimo Vital, para lo que presentaban documentación falsificada por los investigados reincidentes.

'MODUS OPERANDI'

El 'modus operandi' de este grupo organizado consistía en elaborar contratos de arrendamiento, contratos y facturas de suministro de luz o agua falsos que utilizaban para empadronar a los recién llegados.

Posteriormente, conseguían la expedición del DNI con esos datos y presentaban solicitudes de ayudas en las diferentes administraciones, a las que entregaban los documentos falsos que se requiriesen en cada momento, en esta ocasión ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.