Asimismo, ha defendido que con esta medida se han movilizado 390 millones de euros que "estimularán el crecimiento económico y la recuperación" y que supone una cifra "13 veces superior a los 29 millones movilizados en el mismo periodo en 2019, el último año antes de la pandemia".

Así lo ha defendido el consejero durante su comparecencia en la tarde de este jueves ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha hecho balance de su gestión en la primera mitad de la legislatura y donde ha recordado que el 71 por ciento de las autoliquidaciones presentadas con bonificación corresponden a donaciones inferiores a 50.000 euros y el 87 a donaciones inferiores a 100.000 euros.

A su juicio, esto confirma que el beneficio fiscal con la reciente supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por parte de la Junta de Castilla y León "se ofrece al conjunto de las familias".

Fernández Carriedo ha destacado que, junto con la eliminación de este tributo, en lo que va de legislatura se ha aprobado "el mayor Presupuesto de la historia" y se ha avanzado en una política fiscal "moderada y justa".

Asimismo, ha enfatizado que la Comunidad ha cumplido "el triple objetivo" de acabar 2020 con una menor recesión, menor tasa de paro y menor deuda que la media de las autonomías, situación que "se mantiene actualmente".

IMPACTO DE LA PANDEMIA

Durante su comparecencia, el consejero de Economía y Hacienda ha recordado que estos dos años de legislatura han estado marcados por la pandemia del coronavirus, lo que ha provocado un impacto tanto económico, como social y presupuestario en la región, a pesar de lo cual se ha podido lograr dicho triple objetivo.

Como ha recalcado, en este tiempo "se ha acelerado la ejecución de los programas de fondos europeos 2014-2020" y se ha adoptado "una postura proactiva" en lo relativo a los fondos europeos de nueva generación, posicionando a Castilla y León de cara a la gestión de los nuevos recursos.

En cuanto a la política fiscal, ha defendido que la actuación de la Junta y de su Consejería ha permitido situar a Castilla y León como la Comunidad "con los beneficios fiscales más favorables para el apoyo a la natalidad y la familia", siendo "la segunda con la tarifa autonómica más baja en el IRPF y entre las tres con una fiscalidad más favorable para el medio rural".

Por lo que se refiere a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre cónyuges, descendientes y ascendientes directos, ha aludido a la ampliación del plazo de presentación y pago durante cuatro meses de este tributo, así como del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que ha beneficiado a 71.685 contribuyentes por un importe de 141 millones de euros.

El consejero ha hecho referencia durante su comparecencia al impulso de medidas adicionales de financiación empresarial que "garantizan la liquidez y la sostenibilidad de muchas empresas y autónomos", así como a la puesta en marcha de líneas específicas de ayudas directas a las empresas de la Comunidad.

Otro de los aspectos en los que ha incidido el titular de Economía y Hacienda ha sido el relativo al impulso de nuevas medidas de acceso a suelo empresarial, lo que ha supuesto que en 2020, a pesar de la pandemia, se hayan incrementado en un 53 por ciento las hectáreas vendidas para la instalación de nueva actividad.

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

En este periodo se han impulsado, como ha recordado Fernández Carriedo, planes de reequilibrio territorial para "fortalecer la actividad económica de aquellas zonas con menor tejido productivo", al hilo de lo cual se ha referido a la prórroga del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de León y Palencia y a la constitución de un grupo autonómico de Transición Justa para el análisis y la coordinación de las actuaciones a impulsar en la zona.

Asimismo, se ha prorrogado el Plan de Dinamización de la provincia de Soria y se ha trabajado en el nuevo Plan Soria Saludable y Conectada, y se ha impulsado un nuevo mapa de ayudas para zonas con muy baja densidad de población que ha sido incluido por la Comisión Europea en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027.

Carlos Fernández Carriedo ha destacado que, en lo que va de legislatura, en materia energética se han firmado los convenios pendientes del último Plan del Carbón por importe de 55 millones de euros, se ha avanzado en la instalación de nueva potencia de producción de energías renovables, se ha dado un impulso al autoconsumo y se están gestionando los programas MOVES 2 y MOVES 3, con más de 25 millones de euros destinados a fomentar las adquisiciones de vehículos eléctricos y la instalación de las infraestructuras de recarga asociadas.

En materia de movilidad eficiente sostenible, ha anunciado un Plan de electrificación de la flota autonómica mediante la adquisición de 150 vehículos y la instalación de 246 puntos de recarga.

Sin dejar la cuestión energética, el consejero ha recordado que en 2020 se han dado de baja los 2.110 MW de potencia instalada de carbón en Castilla y León, hecho que, en su opinión, "está contribuyendo al alza de los precios del mercado mayorista de la electricidad".

"Por desgracia, como ya habíamos previsto, la aplicación de criterios ideológicos en esta materia por parte del Gobierno de España está teniendo efectos perjudiciales directos sobre los consumidores", ha lamentado.

La intervención del consejero ha incluido actuaciones relacionadas con la gestión y eficiencia de la Administración, entre las que se incluye la mejora de la gestión de los procedimientos tributarios, gracias a la modernización de la atención al público con implantación plena de la cita previa; la modernización del sistema contable SICCAL2, y el impulso de la compra centralizada de bienes y servicios.

Entre los aspectos destacados por Fernández Carriedo está la puesta en marcha una nueva funcionalidad en la Oficina virtual de la Caja General de Depósitos, "pionera en el ámbito autonómico", que permite la constitución telemática de garantías en formato de aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, sin personarse en las dependencias de la Administración.