La consellera de Cultura, Caterina Mieras, se mostró confiada que los legajos regresen a Catalunya «antes de fin de año», aunque, antes, el Senado deberá ratificar el texto. El PP fue el único que votó en contra al considerar que así Zapatero «cumple con el tripartito».

El resto de formaciones defendió la misma postura que la Comissió de la Dignitat, que lleva más de 25 años reclamando la devolución. El portavoz de la entidad, Toni Strubell, criticó el «déficit democrático» del PP al negarse a lo que calificó una «reparación histórica», un término que utilizó ERC.

También CiU se felicitó por esta decisión pero, igual que IU-ICV, reclamó que este «derecho» se amplíe a otras comunidades, como el País Valencià o Euskadi. Contestando al PP, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró que «no se rompe la unidad de archivo» y criticó que los populares no tengan en cuenta que fue un botín de guerra y pretendan «enfrentar» a catalanes con castellano-leoneses.

El texto sólo prevé la devolución a los propietarios de los documentos que en 1939 residían en Catalunya.

«Claudicación y humillación»

El Ayuntamiento de Salamanca volvió ayer a mostrar su enérgica disconformidad con que se retornen los archivos conservados en la ciudad. El portavoz municipal, Fernando Rodríguez (PP), afirmó que se desmembra el patrimonio histórico español para que «pasen a manos de los que se sienten más próximos al terrorismo de ETA que a los españoles». Siguiendo el mismo argumento que la dirección estatal del PP, Rodríguez remató diciendo que el Gobierno de Zapatero ha dado «un paso más» en la «claudicación y humillación» ante «los que quieren destruir el Estado».