Sandra (el nombre es supuesto) esperó seis horas en el hospital de La Paz a que el médico forense de guardia la examinara tras la violación que sufrió a finales del año pasado. Sin lavarse y sin cambiarse de ropa interior. "Ahí nació su sentimiento de culpa y de vergüenza", explica la psicóloga María Ángeles de la Cruz encargada de su terapia.

El protocolo que se aplica en estos casos establece que los forenses de guardia sólo se desplacen al hospital de La Paz para la toma de muestras en caso de agresiones sexuales ocurridas en la capital (partido judicial de Madrid), aunque el delito se haya perpetrado en el sur o a las puertas del 12 de Octubre. Además, para poner la denuncia se deriva a todas las víctimas al Servicio de Atención a la Familia, ubicado en la Jefatura Superior de Policía (Tetuán). Así lo decidieron todas las partes implicadas (policiales y judiciales) que aseguran que es en beneficio de las mujeres.

Pero las afectadas no lo viven así. Sobre todo desde que esta clase de delitos no deja de crecer. Según la memoria de la Fiscalía de Madrid de 2008, las agresiones sexuales aumentaron en 2008 un 28,3% respecto a 2007 (1.361 casos frente a 1.060). E incluso más a tenor de los datos del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, que estiman que en 2008 fueron 1.800 las agredidas en la región. "Muchas no denuncian por miedo", explica su presidenta, Florentina Alarcón, quien exige que "haya otro hospital en la zona sur".

Periplo interminable

Centralizar la asistencia forense en un único hospital supone perder "un tiempo precioso en la atención" de las víctimas, según psicólogos consultados por 20 minutos, que aseguran que las largas esperas perjudican a la víctima, "que lo único que quiere es llorar y ducharse", cuentan los servicios de emergencias, primeros en llegar a la mujer.

Entre los forenses y la denuncia, que sólo tramitan en la Jefatura por estar ahí el equipo de expertos, se consume un tiempo "determinante para la víctima", dice Alarcón.