En total el organismo tramitó 616 peticiones procedentes de Baleares, al sumar a las quejas 56 solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional. Son el 6% de las solicitudes de recurso presentadas al Defensor del Pueblo en todo el país.

Además, el Defensor del Pueblo inició a principios de 2020 una actuación de oficio por los casos de explotación sexual de menores tuteladas en Mallorca. "No cabe duda de que las menores acogidas en centros residenciales son especialmente vulnerables por varios motivos: por ser mujeres, jóvenes, sin apoyos familiares y en muchos casos con graves carencias afectivas y materiales que las hace vulnerables a la manipulación y el abuso", advierte en el informe.

El organismo se interesó por las actuaciones de detección e intervención del IMAs ante estos casos. En su contestación, el IMAA expuso su preocupación y medidas adoptadas y remitió un informe con los 16 casos detectados en los últimos cinco años. El Defensor del Pueblo ha solicitado que el Consell le remita el informe de la comisión creada para evaluar este asunto.

Por otra parte, en su informe el Defensor del Pueblo destaca algunas quejas relacionadas con educación en Baleares, entre ellas una de una docente que alertó de que los alumnos extranjeros que finalizan la ESO no podían matricularse en Formación Profesional si no tenían autorización de residencia. El Defensor del Pueblo intervino y la Conselleria aplicó las modificaciones recomendadas.

También recoge otra queja de un padre de un alumno con una discapacidad auditiva y trastorno grave del lenguaje, escolarizado en primero de primaria en un colegio, sobre la instalación de un sistema de frecuencia modulada, que se había solicitado en junio de 2019. El Defensor envió una sugerencia para que el colegio instalase este sistema.

INTERVENCIÓN CON LA ADT POR NO ACTUAR ANTE INFRACCIONES URBANÍSTICAS

Asimismo, otra intervención reseñada en el informe hace referencia a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, por no actuar ante una serie de presuntas infracciones urbanísticas constatadas en 2018, en un municipio con convenio con la Agencia.

Según el Defensor, la Agencia del Consell de Mallorca reconoció que no se había iniciado la tramitación del procedimiento y que persistían las infracciones. El Defensor del Pueblo le remitió una recomendación para que restableciera la legalidad e impusiera sanciones pero la Agencia "no ha aceptado las resoluciones formuladas".

Otro asunto que provocó numerosas quejas desde Baleares fue el colapso de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. También constan quejas por reclamaciones de vecinos a ayuntamientos por el cobro de tasas o una queja del alcalde de Deià por los frecuentes cortes de suministro eléctrico.

Igualmente, el Defensor del Pueblo destaca que la Policía Nacional aceptó su recomendación para incrementar la dotación de recursos materiales de las unidades de familia y mujer en Palma.