Así lo ha señalado este miércoles la presidenta del Govern, Francina Armengol, en una rueda de prensa junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras firmar el convenio para la transferencia de las ayudas directas, después de que el TSJIB haya declarado inadmisible la petición para una autorización previa de las medidas sanitarias que pretende adoptar a partir del 9 de mayo, cuando se levante el estado de alarma, debido a que se trata de un conjunto de meras propuestas y no de medidas ya adoptadas.

De este modo, el Consell de Govern, reunido de manera urgente, tendrá sobre la mesa la aprobación del toque de queda, las limitaciones de reuniones sociales, el mantenimiento de los controles en puertos y aeropuertos a viajeros nacionales y la limitación de aforos en lugares de culto, es decir, los cuatro derechos fundamentales sujetos a la vigencia del estado de alarma que el Govern aspira a regular a partir de la próxima semana.

Según ha explicado Armengol, el Govern había pedido autorización previa al TSJIB "para tener todas las herramientas" pero el Tribunal ha señalado que las medidas se valorarán cuando estén aprobadas.