Tras más de tres años en los que la ampliación del aeropuerto cordobés ha hecho correr ríos de tinta, fue ayer cuando el aeródromo ofreció la imagen más gráfica sobre este asunto.

Lo hizo a costa del comienzo de las labores de demolición de las primeras viviendas anexas a las instalaciones; unos trámites necesarios para acometer la principal obra: darle una mayor amplitud a a la pista de despegue y aterrizaje.

El subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, detalla que los trabajos de derribo comenzaron por cuatro viviendas de la urbanización Llanos del Castillo, cuyos propietarios entregaron las llaves a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) el 24 de abril.

Las primeras labores de los operarios se centran en la separación y desmontaje selectivos de los diferentes materiales de las viviendas y en la evacuación de algunos de los enseres que los inquilinos habían dejado dentro.

La oferta económica planteada por AENA a los propietarios para la adquisición de sus parcelaciones no contó con el apoyo del 100% de los afectados en un principio, aunque fuentes de la empresa pública informan de que los técnicos tienen previsto cerrar hoy acuerdos con otros 22 inquilinos y quedan una cuantas familias por finalizar ese trámite.

Sobre el desarrollo de la obra de ampliación de la pista, Ruiz apunta que, tras recibir la Declaración de Impacto Ambiental positiva, la empresa adjudicataria comenzará «en breve» a desarrollar la obra civil, ya que en un principio no está condicionada por las expropiaciones y demoliciones.

La historia sobre la ampliación del aeropuerto comienza en julio de 2005, cuando el Gobierno y el Ayuntamiento acordaron aportar los terrenos necesarios para tal ampliación. Desde entonces, los capítulos son muchos y narran hechos como el sí de AENA a la obra (finales 2006) o el retorno y cese de la actividad con las instalaciones actuales (otoño de 2008).

No obstante, la ampliación tuvo su principal escollo con la presencia de viviendas anexas alegales: se pasó de plantear una pasarela sobre el río para evitar derribos al proceso actual, que afecta a 188 parcelas y por el que cada propietario recibirá una media de 170.000 euros.

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