La medida se encuadra dentro del plan del Ejecutivo de Dominique de Villepin para hacer descender el paro, «el verdadero mal francés».
Los trabajadores estarán obligados a mantener su nuevo puesto de trabajo al menos seis meses. El Gobierno los ayudará con créditos inmobiliarios para que puedan vivir cerca de su nuevo puesto de trabajo –la distancia mínima entre la nueva y la antigua residencia será de 150 a 200 km–.
Quienes deban deshacerse de una propiedad y mudarse por motivos profesionales también verán reducidos sus impuestos, así como aquellos que deban alquilar su casa por idéntica razón.
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