"La gravedad de la excepcionalidad y la gravedad de la crisis" derivada de la Covid-19, obliga a la Generalitat a "actuar con celeridad ante cualquier obstáculo que pueda entorpecer la recuperación económica de la Comunitat Valenciana", eso sí, "siempre garantizando la seguridad jurídica", ha explicado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, tras el pleno del Consell.

La nueva normativa se basa en un doble objetivo. Por una parte, "agilizar" los proyectos económicos valencianos y que se puedan ejecutar en el período que exige Europa. Por otra, "continuar con la modernización" de la administración autonómica, ha puntualizado.

Este decreto-ley transpone al ámbito autonómico la normativa estatal recogida en el Real Decreto 36/2020 sobre medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación europeo. Su finalidad es "acceder a la mayor cantidad posible de recursos europeos para transformar el modelo productivo de la Comunitat Valenciana hacia una mayor resiliencia, sostenibilidad y digitalización", ha apuntado.

Hasta el momento la Generalitat ya ha presentado cerca de 200 proyectos por valor de unos 12.000 millones de euros "con lógica territorial para beneficiar a la economía valenciana", ha explicado Soler. España recibirá unos 140.000 millones de Europa para este tipo de proyectos (70.000 en ayudas directas y el resto en préstamos). La prioridad es "atar cuanta más ayudas directas". "Nos va la vida en ello", ha puntualizado el conseller.

Entre las novedades, este decreto-ley permitirá la "tramitación de urgencia" de los expedientes vinculados a los proyectos e inversiones financiadas fondos europeos y reducirá a la mitad los plazos previstos , excepto los relativos a la presentación de solicitudes y recursos para garantizar en todo momento la seguridad jurídica.

La urgencia de las medidas relativas a la gestión de los fondos europeos viene motivada por los "breves plazos" exigidos por el reglamento europeo para llevar a cabo las actuaciones, ya que al menos el 60% de los compromisos de gasto deben contraerse antes del 31 de diciembre de 2022 y el resto antes del 31 de diciembre de 2023. En cualquier caso, se mantienen los controles y fiscalización de los expedientes durante todo el proceso de su tramitación.

TRAMITACIÓN ANTICIPADA

Se podrá recurrir también a la tramitación anticipada de cualquier tipo de expediente de gasto antes de que finalice el ejercicio, con cargo al ejercicio posterior, siempre que se garantice la existencia de fondos para posibilitar su ejecución a la mayor brevedad posible.

Además, y pese a disponer de carácter urgente, los proyectos que tengan una "transcendencia significativa" por la tipología su proceso de gestión o para garantizar que su aplicación se adecua a las directrices de la Unión Europea, estarán sometidos también a un régimen de control previo y verificación.

Por otra parte, los remanentes de créditos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resilencia y al REACT-EU podrán incorporarse al ejercicio siguiente. En todo caso, el número de ejercicios a los cuales se podrán aplicar los gastos no será superior a cinco. Y para agilizar su puesta en marcha, las Consellerias podrán ser competentes para aprobar transferencias de crédito entre programas pertenecientes a los mismos capítulos de sus departamentos.

Para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva vinculadas a los mecanismos de recuperación se pueden aprobar en un único expediente las bases reguladoras y la convocatoria.

SERVICIO 99'

A nivel contable, Hacienda podrá crear, dentro de cada sección presupuestaria, el Servicio 99 'Mecanismo de Recuperación y Resilencia', en el cual se integrarán los programas presupuestarios necesarios para asegurar una "gestión eficiente y ágil" de estos fondos.

Además, los programas se podrán dotar adicionalmente con fondos propios, siempre que tengan por objeto cofinanciar o complementar actuaciones o proyectos asociados al mencionado mecanismo.

Por su parte, las entidades del sector público instrumental que sean responsables de la gestión de estos fondos tendrán que adoptar las medidas necesarias para identificar el gasto realizado en los proyectos o iniciativas financiadas, y asegurar su seguimiento y control.

CONSORCIOS

El Consell también podrá autorizar la constitución de consorcios para la gestión y ejecución de los fondos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Estos consorcios podrán desarrollar todo tipo de actuaciones necesarias para la gestión y ejecución de los fondos, ya sea mediante la ejecución de proyectos o actuaciones, concesión de ayudas, prestación de servicios de asesoramiento, convocatoria de licitaciones y todas las funciones que se determinan en sus estatutos.

También se podrán adscribir consorcios ya existentes a este mecanismo, para optimizar la gestión administrativa y la llegada de los fondos a las diferentes líneas estratégicas.

PERSONAL

En materia de personal, se podrá asignar de forma excepcional a personal funcionario a la gestión de proyectos con fondos europeos siempre que formen parte del mismo departamento y se adecúe a su cuerpo, agrupación profesional, escala o categoría y siempre con carácter voluntario.

Además, en el supuesto de que la asignación temporal de funciones sean las propias de un puesto de trabajo con mayores retribuciones, llevará aparejado el consecuente incremento retributivo.

TRANSPARENCIA

El decreto ley también establece que cada departamento del Consell aprobará, en el plazo de dos meses, una relación completa de todas las circulares, instrucciones, resoluciones o cualquier otra disposición que tenga por objeto ordenar la gestión administrativa en relación con cualquier procedimiento de la Administración. Todas las disposiciones que no se incluyan en esta relación quedarán sin efecto.

Con esta relación compendiada de disposiciones se pretende que los ciudadanos tengan unificados en un único documento todas las actuaciones e instrucciones de cada Conselleria, por lo que deberá ser publicado en la página web de cada departamento y en el Portal de Transparencia de la Generalitat. El catálogo se actualizará con una periodicidad mínima mensual.

El Consell también establecerá mecanismos para asegurar la participación de los agentes sociales u otros sectores representativos en el seguimiento de la ejecución del Plan de Recuperación.

Se regula la obligación de informar de los gastos financiados por fondos europeos. En concreto, las entidades integrantes de la administración, entidades locales o privadas con fondos financiados por el mecanismo de recuperación deberán comunicar periódicamente las inversiones llevadas a cabo.

Las actuaciones financiadas a cargo de los fondos europeos tendrán, además, que incorporar criterios de responsabilidad social, ambientales, de digitalización y de innovación y conocimiento. Además, a través de estos fondos se fomentará la incorporación de personas procedentes de colectivos desfavorecidos y vulnerables.