Asuntos Sociales destinará 330.000 euros a entidades para comprar alimentos para población vulnerable

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes a aprobar una nueva convocatoria de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos o actuaciones para la cobertura de necesidades básicas de la población en situación de precariedad económica grave.
Archivo - Reunión del Consell de Govern.
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CAIB - Archivo
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Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, esta convocatoria, destinada a las entidades, está dotada con 330.000 euros y prevé la adquisición y el reparto de alimentos y productos de primera necesidad y llevar adelante proyectos de comedores sociales.

Se trata de la tercera inyección que hace la Conselleria de Asuntos Sociales y Deporte a estas entidades desde que estalló ahora hace un año la crisis sanitaria originada por la COVID-19.

La primera fue en mayo de 2020 con 284.000 euros; la segunda, en noviembre de 2020 (300.000 + 30.000 euros) y ahora sale una tercera convocatoria de 330.000 euros.

El número de familias atendidas por las entidades de reparto de alimentos y los comedores sociales ha aumentado. La demanda de estos recursos se ha incrementado con la pandemia como recurso a disposición de las familias con más necesidades para complementar otras prestaciones y ayudas sociales.

Los incrementos en la demanda de productos básicos no han afectado sólo el reparto de productos de primera necesidad entre familias sino también los comedores sociales, que acogen mayoritariamente a personas adultas solas en situación de exclusión severa.

La actividad de comedor ha quedado suspendida debido a las restricciones que exige la situación de pandemia, y ha sido sustituida por el reparto de menús diarios de comida cocinada.

Según han recordado, para optimizar la eficiencia de la tarea de estas entidades, el mes de octubre se creó una mesa de seguimiento formada, además de por el Govern, por los consells insulares, el Ayuntamiento de Palma, la FELIB y representantes de EAPN.

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