"Nadie no dijo nunca que había cobrado algo indebidamente", ha manifestado el exregidor del PP este miércoles durante el interrogatorio en el juicio por este contrato, por el que se enfrenta a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público que pide la fiscal por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
En la vista, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, también ha declarado la trabajadora en cuestión, para la que el ministerio público pide un año de cárcel y multa de 160.000 euros por tráfico de influencias, así como una indemnización de 98.749 al Ayuntamiento, a aportar entre ambos, por 38 facturas giradas por ese montante entre enero de 2007 y abril de 2010, cuando cesó la relación contractual tras detectar el interventor una irregularidad.
Cortina, que ha contestado a preguntas de todas las partes, ha destacado que cuando él llegó a la Alcaldía, a finales de 2016, la acusada ya estaba trabajando en el Consistorio, y ha agregado que "el único" que intervino en el proceso de selección fue el interventor.
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