La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó este martes aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid.

Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias.

En un auto notificado este martes, del que ha sido ponente el propio presidente del TSJM, Javier Vieira Morante, se pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que "cese en cualquier actividad instructora" y que le remita la "totalidad" de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Esta petición se realiza sin perjuicio de lo que diga en su día el Tribunal Superior de Valencia, en favor del cual también se inhibió Garzón respecto de los indicios encontrados contra el presidente de dicha comunidad, Francisco Camps, y del secretario general del PP de Valencia y diputado en dicha comunidad, Ricardo Costa.

Cuestión competencial

En el caso de que el alto tribunal valenciano aceptara su competencia, "podría producirse una concurrencia con esta Sala", señala el TSJM, "cuya resolución debe anticiparse cuanto antes".

Para resolver esta cuestión, el auto señala que el criterio del propio Tribunal Supremo señala que cuando en una misma causa aparezcan como responsables personas aforadas de dos comunidades diferentes, "corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa".

El TSJM pide a la Fiscalía Anticorrupción que de su opinión sobre esta circunstancia, ya que finalmente puede que la causa termine siendo competencia del Tribunal Supremo. Mientras se aclara este punto, se nombra instructor de la causa en el TSJM al magistrado Antonio Pedreira.

Labores de intermediación

En cuanto a los tres diputados autonómicos, el auto concreta que los informes de la Policía y la Fiscalía Anticurropución revelan la posible percepción por Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas" relacionadas con imputados en la causa.

De López Viejo se dice que alguno de los imputados apuntan que pudo aprovechar sus cargos anteriores (Viceconsejero de Presidencia), "para favorecer a alguna de esas empresas", y que en la documentación incautada, representativa de una Contabilidad "B", "parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas".

Sobre Martín Vasco, el auto menciona indicios de la posible realización por éste - que además de diputado fue presidente de la Empresa Pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey de 1997 a 1999- "de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento, así como la percepción de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".

Finalmente, se señala sobre Bosch que cuando desempeñaba su cargo de Gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, "percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa, favorecidas por la intermediación de aquél".