El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, se ha reunido este martes con el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Antonio Planes, y la directora de la Asociación Columbares, Rosa Cano, para hacer balance del beneficio social que aporta el convenio que mantiene la Administración regional con ambas entidades sin ánimo de lucro, que según dijo, "muestra la efectividad de las políticas regionales de inclusión social en materia de vivienda".

"La inclusión social es un objetivo prioritario del Ejecutivo regional", ha asegurado Pedro Rivera, quien ha señalado que, gracias a estas asociaciones, "hacemos posible el pago de los gastos de alquiler del domicilio habitual de las familias con escasos recursos económicos, con el objetivo de evitar una situación de desahucio".

El consejero ha manifestado su agradecimiento a ambas entidades "por el esfuerzo que llevan a cabo a diario para ayudar y apoyar a las familias que disponen de menos recursos", y ha indicado que "su labor humanitaria es indispensable en la sociedad de la Región de Murcia, y es un auténtico orgullo poder colaborar en su misión".

Estas ayudas, que cuentan con un montante total de 65.000 euros, benefician especialmente a familias numerosas o monoparentales con menores a su cargo, con miembros desempleados de larga duración que reciben prestaciones por desempleo o que las han agotado, demandantes de renta básica de inserción y personas con inserciones laborales esporádicas en el mercado de trabajo.

TIPOS DE AYUDAS Y CUANTÍAS

Rivera ha explicado que estas ayudas se destinan a unidades familiares con escasos recursos económicos, con ingresos inferiores a 6.390 euros al año, con los que no pueden atender el pago del alquiler o se encuentran en situación de exclusión social.

Se conceden dos tipos básicos de ayudas: la ordinaria, que no excede de 250 euros mensuales, y la extraordinaria, que se aplica en aquellos casos en los que existe riesgo de desahucio por impago de alquiler y cuya cantidad puede alcanzar los 750 euros. Las ayudas se conceden por un plazo máximo de 12 meses.

Además de las ayudas al alquiler de vivienda para evitar el impago, las asociaciones detectan, canalizan y derivan a las familias en riesgo de exclusión social que no pueden afrontar el pago del préstamo con garantía hipotecaria al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad con el fin de ayudarles a mediar con la entidad financiera y conseguir una solución a su situación.

El consejero ha indicado que un total de 19 personas han sido derivadas a este servicio durante 2017 y se les ha asesorado sobre posibles soluciones como negociar un alquiler social o la dación en pago.