El asunto radica en las obras promovidas en los pisos superiores del edificio del número 89 de la calle San Jacinto donde está enclavado este bar, para un nuevo hotel de cuatro estrellas, unas obras denunciadas por el responsable del establecimiento.

En su denuncia inicial, recogida por Europa Press, el responsable de este negocio hostelero, Jesús Noguera, representado por el abogado Germán Grima, de Ateneo Abogados, detallaba que cuenta con un contrato de arrendamiento "en vigor" y con vencimiento en marzo de 2023, con relación al número 89 de la calle San Jacinto.

Según Jesús Noguera, el pasado mes de enero de 2020 supo por los medios de comunicación que la propiedad del edificio regionalista donde funcione su establecimiento había acordado la instalación de un hotel de cuatro estrellas en las plantas primera y segunda del mismo. "Desde entonces", según su denuncia, las obras promovidas para adecuar las plantas primera y segunda del edificio para su uso como hotel no habían "parado de molestar" y se traducían en "ruidos, golpes, polvo o cascotes" caídos al patio interior del inmueble, con las consiguientes consecuencias en materia de clientela.

"Quieren que abandone el inmueble", avisaba el dueño del negocio hostelero, detallando que los titulares del edificio le habían pedido que "abandone el local por un periodo de dos meses y medio" para permitir la continuidad de las obras del hotel.

LA MEDIDA CAUTELAR

En ese sentido, merced a las acciones judiciales promovidas por los dueños, el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Sevilla ordenaba el pasado mes de julio de 2020 al responsable del bar, como medida cautelar, "que permita la entrada a la propiedad en el local que tiene alquilado para la realización de las obras necesarias, durante un plazo máximo de dos meses", previa caución de 35.000 euros, al considerar acreditado que "el edificio presenta desperfectos y deficiencias que pueden comprometer la resistencia mecánica y su estabilidad, por lo que requiere obras de reparación, que en el propio informe presentado califica de urgencia".

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia número 19 fijaba para el día 20 de noviembre del año pasado el comienzo de las obras ya mencionadas, ante lo cual el bar La Esperanza afrontaba dicha jornada su cierre obligatorio por un periodo de dos meses, extremo que motivaba un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) sobre la plantilla.

DESPUÉS DEL PLAZO

Ahora, transcurridos más de dos meses desde entonces, la representación del citado bar ha elevado un escrito al juzgado, avisando de que la empresa "no ha cumplido con lo exigido por el auto judicial" en cuestión sobre "la restitución de la posesión del local" en la fecha correspondiente del 5 de febrero, pues el responsable del negocio hostelero "sigue sin poder disponer" del local.

La representación del bar señala en ese sentido que en el escrito entregado por la empresa propietaria del edificio al juzgado el día 3 de febrero, dos días antes de la citada fecha estipulada para la devolución del local, con un informe de la Gerencia de Urbanismo, media una "mala fe manifiesta de la propiedad", pues Doble G Inmuebles había solicitado a la Gerencia el 13 de enero, "23 días antes que terminara el plazo de entrega del local", sin mencionar la fecha de entrega del mismo fijada para el 5 de febrero, una reforma respecto a la licencia inicial de las obras.

Además, en la documentación entregada a la Gerencia de Urbanismo en dicha petición, según la representación del bar, "se aprecia cómo toda la obra en la cimentación es realizada con el fin de producir el cambio de fuerzas en la estructura del edificio y así poder consolidarla", pero para "poder montar la piscina en la cubierta", entre otros aspectos.

"MANIPULACIÓN TÉCNICA"

"La obra realizada ha sido producida con el fin de acusar un cambio de carga y resistencia en la estructura del edificio y así alcanzar el objetivo de construir un hotel, no siendo necesarias las obras efectuadas, tan invasivas y destructivas, para la consolidación del edificio, sino para la construcción del hotel pretendido con una piscina en la cubierta", resume la representación del responsable del bar, señalando una "presunta manipulación técnico jurídica" para presentar como "inevitable la obra para la alcanzar el asiento y consolidación del edificio, siendo esto totalmente falso".

Es por ello que solicita la ejecución del auto de medidas cautelares emitido en julio, ordenando a Doble G Inmuebles "restablecer la posesión" del local al responsable del bar en un plazo de cinco días hábiles" y transferirle además los 35.000 euros depositados como caución, para "destinar dicha cuantía a la ejecución de las obras en el referido local" como el hostelero vea "conveniente y así cumplir los requisitos establecidos por la Gerencia de Urbanismo".