UGT rechaza la integración de las cajas y advierte de "conflictos sociales" en el sector

  • En caso "de persistir en una iniciativa que vulnera sus derechos".
  • Exige que se garanticen "los derechos laborales de los empleados".
  • UGT cuenta con más de 1.700 afiliados en el sector.
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Las secciones sindicales de UGT en Caja Duero y Caja España, pidieron que los directores generales y presidentes de ambas instituciones "se abstengan de realizar cualquier tipo de pronunciamiento positivo", ante "un nuevo intento de sacar adelante la denostada integración de las cajas", sin que previamente "se garanticen por los interlocutores válidos al efecto los derechos laborales de los empleados del sector, con acuerdo y firma previa de un protocolo laboral".

Tal y como concretaron, solicitan dicho protocolo "con carácter incluyente y no excluyente" y que incluya el "mantenimiento del nivel de empleo actual en todas las provincias".

Asimismo, reivindicaron la "equiparación de las mejores condiciones laborales", un plan de prejubilaciones, por si se produjera, el establecimiento de carreras profesionales, así como se negaron a una "movilidad geográfica impuesta".

Apuesta por la Federación de Cajas

Para UGT, la integración basada en un Sistema Institucional de Protección Reforzado, "vulnera la naturaleza jurídica, autonomía e independencia de las Cajas y señalaron que no es necesario para facilitar el acceso a las fuentes de financiación, lo que se consigue con un Sistema Institucional Simple que viene demorándose en exceso para forzar la integración, que es lo que verdaderamente se persigue", ya que añadieron, que "reforzarlo puede abrir las puertas a la privatización".

Por último, se negaron a "la creación, con el dinero de las cajas, de una sociedad anónima con ficha bancaria (BANCO) absolutamente innecesario e injustificado" y se mostraron partidarios de "la potenciación de la Federación de Cajas como sociedad central si ésta fuera imprescindible.

UGT recordó que cuenta con más de 1.700 afiliados en el sector y anunció que "de persistir en una iniciativa que vulnera sus derechos y los de los impositores", les harán responsables de "los primeros conflictos sociales en el sector de ahorro de Castilla y León".

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