La multa que la Gerencia de Urbanismo interpuso al empresario Rafael Gómez por construir sin licencia unas naves industriales en los terrenos de la antigua Colecor ha acabado en un archivo.

Así lo ha sentenciado un juzgado de Córdoba, que ha entendido que el expediente sancionador ha caducado. La sentencia señala que en agosto de 2006, cuando el Ayuntamiento notificó al empresario que debía abonar una multa de 24,6 millones de euros por el delito urbanístico cometido, el procedimiento ya había caducado ya que habían pasado más de un año desde el inicio del expediente, el 22 de junio de 2005.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña, informa de que habrá una reunión de urgencia para volver a iniciar un nuevo expediente sancionador antes de que el delito prescriba. Según la ley, para ello han de pasar cuatro años, por lo que, según los cálculos municipales, el delito prescribirá el 28 de este mes.

«No vamos a permitir que prescriba ni vamos a poner en peligro la defensa de los intereses de la ciudad», añade. Así, el Consistorio respeta la sentencia y no la recurrirá, ya que no han pasado los cuatro años desde que se cometió el delito y puede iniciar otra vez el expediente para exigir a Gómez el cobro de la sanción, según Ocaña.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en Córdoba, Juan Escribano, anuncia que interpondrá una querella criminal al Ayuntamiento si ha incurrido en alguna responsabilidad penal.

Multa incluida en el presupuesto

El Ayuntamiento incluirá, como ya lo hizo en 2008, en el presupuesto de este año, aún sin aprobar, los 24,6 millones de euros como ingreso de dudoso cobro.

En cuanto a la repercusión que tiene la sentencia, Ocaña afirma que «es un disparate que alguien considere que supeditamos la inversión en la ciudad al cobro de esta multa, eso sería irresponsable». Por lo que, desde el Ayuntamiento no se modificará el presupuesto que se está elaborando y que sigue incluyendo la multa como inversión.

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