En 1999 la Junta de Andalucía aprobó una ley que daba a los ayuntamientos un plazo de dos años para elaborar un plan de accesibilidad, y otros diez para aplicar las medidas necesarias para evitar que el día a día de discapacitados y mayores sea una carrera de obstáculos.

Pese a que el Ayuntamiento de la capital afirma estar dentro de plazo -presenta el plan de accesibilidad en verano- y ha aprobado varios proyectos en este sentido, lo cierto es que los impedimentos físicos «se reproducen en las nuevas obras que se hacen».

Son palabras del presidente de la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Martín Ortega. De hecho, el colectivo ha presentado en los últimos seis meses ante el Consistorio un centenar de denuncias donde se pone de manifiesto «la falta de control y el incumplimiento de las normas básicas de accesibilidad».

La lista de Fegradi es larga: «puertas estrechas para una silla de ruedas» en varios pabellones de Mondragones -sede administrativa del Ayuntamiento-; pasos elevados en el entorno del Palacio de Deportes, «una zona relativamente nueva como para que se repitan errores»; hitos y aceras de Gran Vía; rebajes de la avenida de la Constitución, etc. Además, la Federación sostiene que «permiten a los negocios que hagan reformas sin cerciorarse de que adaptan el local».

Para la edil socialista, Cristina González -invidente-, el problema radica en que «las decisiones que se toman en la comisión de accesibilidad no se comparten con las áreas de Urbanismo y Movilidad, con lo cual, en lugar de eliminar los obstáculos físicos, los multiplican».

Bienestar ultima el plan de accesibilidad de la capital, un documento que escruta la situación actual de «toda la ciudad», con especial atención a 153 calles peatonales y más de 150 kilómetros de aceras. En el estudio se subrayarán las deficiencias de edificios públicos -pabellones deportivos, teatros, centro de salud, etc.-, del transporte público y sus paradas, y de la señalización.

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