Así lo ha apuntando tras la firma del acuerdo alcanzado entre el Gobierno asturiano, seis de los siete grupos parlamentarios -PSOE, PP, Ciudadanos, IU, Foro y Vox-, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), UGT, CCOO, FADE, las tres Cámaras de Comercio y la Universidad de Oviedo.

El consejero ha incidido en que este documento "expresa el consenso de las partes y supera la diversidad de sensibilidades y opiniones".

Al respecto, desde el Principado inciden en que 15 de las 16 instituciones públicas y entidades de la sociedad civil, económica y política que integran la Alianza por la Industria han suscrito hoy un documento en el que reclaman "la adopción de manera inmediata de medidas adicionales a las recogidas en el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos y que consideran insuficiente al no dar respuesta a la gran industria asturiana".

El documento suscrito este viernes es, según señalan desde el Gobierno de Adrián Barbón, el "primer gran acuerdo económico, social y político que se alcanza en el Principado en defensa de un sector básico y estratégico para la economía regional, concretamente en relación con las empresas más afectadas por los elevados costes energéticos".

CUATRO EXIGENCIAS

Ante las incertidumbres generadas por el estatuto y la falta de soluciones contundentes sobre la gran industria asturiana, el texto plantea cuatro exigencias, empezando por "desvincular las ayudas del estatuto de la disponibilidad presupuestaria, con mecanismos que garanticen a corto plazo que los recursos destinados a compensar los costes de emisión indirecta de CO2 se sitúen cada año en el importe máximo permitido por la Unión Europea".

También se plantea "equiparar de forma inmediata y en todos los aspectos las políticas destinadas a favorecer la competitividad del sector electrointensivo a las existentes en otros países de la UE. No es razonable que en un mismo momento (año 2021) y lugar (UE), no se apliquen en España medidas similares a las autorizadas y adoptadas por otros países de la UE. Para favorecer la competitividad de nuestra industria deben incorporarse mecanismos de abaratamiento de la factura eléctrica similares a los aplicados en otros países amparados por la Unión Europea".

La tercera exigencia es la "puesta en marcha inmediata de un mecanismo sustitutivo de la subasta de interrumpibilidad en el que participen y sean retribuidas de forma preferente y en mayor medida las compañías con mayor consumo eléctrico".

En cuarto lugar se incide en que "de acuerdo con el planteamiento del propio estatuto, que considera que las medidas contempladas lo son "...sin perjuicio de otros mecanismos de política industrial, comercial, energética, fiscal o medioambiental que se establezcan a futuro", se considera necesario establecer una interlocución directa a nivel ministerial con las grandes empresas electrointensivas asturianas, al objeto de elaborar planes de inversión específicos que garanticen la actividad productiva y el empleo y que permitan acometer de forma exitosa los procesos de transición ecológica y transformación digital que afronta la economía europea, potenciando actividades en el ámbito de la innovación y las nuevas tecnologías, de forma que se puedan apreciar reducciones en los consumos y los costes eléctricos de las empresas altamente electrointensivas".

LOS FIRMANTES

Por parte del Gobierno de Asturias han suscrito el documento el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y las directoras generales de Industria, Rosana Prada, y de Energía, Minería y Reactivación, María Belarmina Díaz Aguado.

Por parte de los grupos parlamentarios la portavoz del PSOE: Dolores Carcedo; la portavoz del PP: María Teresa Mallada; la portavoz de Ciudadanos: Susana Fernández Álvarez; el portavoz de Foro Asturias: Adrián Pumares; la portavoz de Izquierda Unida: Ángela Vallina; el portavoz de Vox, Ignacio Blanco.

Por los sindicatos participaron el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, y el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero. También suscriben el documento el presidente de la FADE, Belarmino Feito; y en representación de las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, José Manuel Ferreira Diz.

Por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) firmó la presidenta, Cecilia Pérez; y por la Universidad de Oviedo el rector, Santiago García Granda.