El Juzgado Mercantil de Huelva ha decretado el embargo o secuestro cautelar contra una empresa onubense de formación informática --Instituto de Nuevas Tecnologías Onuba (INTO)-- por cometer presuntamente infracción de los derechos de Propiedad Intelectual de las compañías Microsoft, Adobe y Sage SP, es decir, por emplear software ilegal, siendo el segundo caso que se produce en España.

Según informó la compañía Business Software Alliance (BSA), asociación que representa a la industria del software en la defensa de sus derechos de propiedad intelectual, en una nota, el pasado año, esta empresa dedicada a la impartición de cursos de informática o formación en programas y manejo del ordenador en general de Huelva "fue objeto de un registro que conllevó la inspección de unos 38 ordenadores en los que se encontró software sin licencia de las compañías Microsoft, Adobe y Sage SP, con una valoración de 125.829,58 euros".

Se trata del segundo caso de este tipo que se produce en España, diez años después de la acción legal contra la mercantil 'Centro de Estudios Tame, S.L.', que también conllevó el embargo del material informático, así como el pago de una indemnización de aproximadamente 40.000 euros, según apuntó BSA. La representación legal de las empresas denunciantes ha sido llevada a cabo por la firma Landwell, en calidad de abogados de la BSA.

El índice de piratería de software en España es del 43 por ciento, según el último informe global de IDC, correspondiente a 2007, lo que supuso en ese año unas pérdidas de 659 millones de euros y sitúa a nuestro país diez puntos por encima de la media de la Unión Europea.

Según otro estudio de la misma consultora, si se redujera el índice de piratería diez puntos en los próximos cuatro años, se generarían más de 1.400 millones de euros adicionales para el Producto Interior Bruto (PIB) español, se ingresarían 196 millones de euros en concepto de impuestos y se crearían 2.000 nuevos puestos de trabajo.

Durante 2008 se llevaron a cabo en España un total de 287 acciones legales contra usuarios finales tanto de empresas, distribuidores y entidades que presuntamente vulneraron los derechos de Propiedad Intelectual del Software. El valor total de las indemnizaciones por perjuicios durante 2008 ascendió a 556.241,62 euros, mientras que el coste en regularizaciones alcanzó los 160.509,88 euros. Además, a lo largo del año pasado se efectuaron un total de nueve registros en empresas por tener programas instalados en sus ordenadores sin la correspondiente licencia.

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