Psicosis, pánico, miedo... El caso es que las comunidades de vecinos se están blindando ante los ladrones con cámaras de videovigilancia. «Calculamos que cuatro de cada diez fincas tiene o están pensado en instalar algún tipo de medida de este tipo», señala Jesús Cañavate, presidente del Colegio Territorial de Fincas de Granada.

«Una cámara -matiza- no previene, no ayuda cuando se está cometiendo el delito, pero sí disuade, en algunos casos, al que sabe que le están grabando». Es lo que ha llevado a una de las comunidades de vecinos de Poeta Manuel de Góngora, en los Alminares, a colocar aparatos de grabación en la entrada de su bloque. «Estamos cansados de que nos rompan los buzones y que escupan en el portal, así sabremos quién lo hace», comenta Carmen Jiménez, una de las propietarias.

La intención es prevenir los actos vandálicos «y también sentirnos seguros porque los que vivimos aquí ya somos mayores y estamos expuestos a todos los gamberros», denuncia Carmen.

Los precios: desde un sistema con alarma conectado a una central y que es capaz de reconocer a un intruso por unos 7.000 euros, a una cámara unida a la antena colectiva del bloque por 300 euros. También las hay de alquiler, algo más baratas. Para poner cámaras en el edificio deben estar de acuerdo tres quintas partes de los propietarios.

Según la Agencia Española de Protección de Datos , todos los sistemas que graben imágenes deben estar dados de alta en la agencia por una empresa de vigilancia autorizada. Los videporteros y cámaras dentro de portales que emiten, pero no graban, en tiempo real y que pueden ver los vecinos en su tele no necesitan permiso, pero «podrían constituir una infracción», dice la Agencia, si se usan para fines que no sean de vigilancia.

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