La entrada en vigor, en abril de 2008, de una normativa que regula el uso de los apartamentos turísticos no ha impedido que los ilegales proliferen y, a pesar de que sólo se conceden licencias a los abiertos antes de noviembre de 2005. En el distrito de Ciutat Vella operan actualmente de manera legal 683 de estos pisos, repartidos entre un total de 287 propietarios y fincas y 87 sociedades.

Pero el problema, sobre todo en forma de molestias para los vecinos, deriva de los 424 apartamentos turísticos ilegales que funcionan a día de hoy. Que se sepa. Suponen el triple de los 142 que la Administración ha obligado a clausurar en un años (dos, mediante el precinto).

La regidora del distrito, Itzíar González, se ha reunido por la tarde con vecinos que con sus quejas han ayudado a identificar los alojamientos objeto de cierre o de legalización. Sobre todo los primeros, los  más conflictivos. Para asegurar la convivencia de este modelo de apartamento con las comunidades de vecinos, desde el distrito se apuesta por «reagrupar» los pisos turísticos en bloques específicos.

En noviembre, se llevó a cabo una campaña de inspección conjunta con la Guardia Urbana que ayudó a identificar los actuales 424 apartamentos ilegales. Se registraron 533 pisos, de los que  mantienen su actividad 239 y han cesado 294 (154 de ellos de forma voluntaria).

Tras dicha inspección, se han detectado 185 nuevos pisos turísticos ilegales, entre los que hay que han reincidido en su actividad. Para evitar ser localizados, los operadores  siguen optando por Internet para anunciarse pero piden cobrar antes de dejar a la vista sus datos en la Red.

Para la Federació Catalana d'Apartaments Turístics la legislación es «incompleta»  porque no contempla ni a las empresas operadoras ni a los usuarios en lo referente a «derechos y  obligaciones».