"Necesitamos que se apruebe ya para comunicar estas posibilidades a nuestros agricultores y ganaderos y evitar así incertidumbres", ha afirmado en concreto respecto al acuerdo alcanzado esta semana entre el Consejo y el Parlamento para el reglamento de Transición que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2023.

Según ha explicado Carnero, se trata de un asunto "importante" para Castilla y León ya que esta normativa permitirá prorrogar para 2021 y 2022 las actuales medidas agroambientales y la agricultura ecológica a lo que ha añadido que en este reglamento se definirán las reglas para utilizar los fondos del 'Next Generation'.

En este punto, ha reiterado la petición del Gobierno de Castilla y León para que estos fondos se incorporen a los actuales PDR y en las mismas condiciones que el resto de fondos NG, "es decir, sin cofinanciación" o al cien por cien.

Carnero ha trasladado su apoyo a la iniciativa del Consejo y del Parlamento para que este punto se mantenga así y ha solicitado además que estos fondos se puedan asignar a medidas que fomenten las inversiones en modernización de explotaciones, jóvenes, modernización de regadíos para ayudar a las explotaciones en zonas con limitaciones productivas y por supuesto a medidas agroambientales y agricultura ecológica.

Las previsiones son que Castilla y León pueda acceder a unos 85 millones de euros más para su PDR, procedente del 'Next Generation' Feader.

Carnero, que ha participado este jueves por videoconferencia en el Consejo Consultivo presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, previo al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebrará el lunes 16 de noviembre, ha exigido también que en los reglamentos no se tengan en cuenta de forma exclusiva los aspectos medioambientales, un asunto del que se está hablando "sobremanera".

Así, ha recordado que el objetivo fundamental de la PAC es que el sistema productivo agroalimentario europeo se mantenga "por múltiples argumentos", como garantizar el suministro de alimentos, permitir que las familias mantengan su forma de supervivencia con la actividad agrícola y ganadera, evitar el despoblamiento de las áreas rurales "y, por supuesto, la actividad sostenible con el medio ambiente".

Por este motivo, el consejero castellanoleonés insistido tanto al Consejo como al Parlamento que eviten polarizar las grandes decisiones a un solo componente, en referencia al medioambiental, desde el convencimiento de que el conjunto de componentes o planteamientos tendría que ser el que permita adoptar las decisiones finales.

Así, ha recordado a Planas que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sigue defendiendo que el componente de apoyo a la renta debe ser máximo, "no dedicando más del 20 por ciento de los pagos directos del primer pilar a los ecoesquemas", en un criterio de "prudencia y de universalidad".

A esto ha añadido que se deben mantener en el primer pilar los apoyos actuales a los sectores que perciben ayudas acopladas, "por la negativa situación de mercado que pueda derivar en sectores tan sensibles como, por ejemplo, el vacuno".