La ministra de Exteriores de Israel, Tizpi Livni, ha asegurado que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha garantizado que el Gobierno tiene la intención de modificar la ley que establece el principio de jurisdicción universal de los tribunales españoles con el fin de evitar futuras investigaciones sobre Israel por crímenes de guerra.

Así lo publican este viernes numerosos diarios israelíes, como Haaretz, en los que Livni declara sentirse satisfecha porque el Ejecutivo español "haya decidido parar este fenómeno". La ministra hebrea se refería así al hecho de que la Audiencia Nacional decidiese este jueves admititir a trámite una querella interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos por un ataque en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002.

En dicho ataque murieron un presunto líder de Hamás y 14 civiles, hechos por los cuales

Sin embargo, el Gobierno español ha desmentido las palabras de Livni y ha matizado que estudia hacer ajustes procesales en el principio de jurisdicción universal, pero que no lo limitará. Asimismo, ha comunicado que esta reforma en ningún caso tendrían carácter retroactivo y, por tanto, no afectará al caso abierto por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Según la radio militar israelí, Moratinos subrayó que esta reforma legal no estaría lista a tiempo para afectar a la querella admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, pero indicó que su departamento trabajaría para anular la investigación.

Genocidio y crímenes de guerra

Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio, terrorismo u otros crímenes contra las personas cometidos en conflictos armados fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado este viernes al respecto que España es un "Estado de Derecho" en el que la justicia "actúa con total independencia".