Así se ha expresado Costa en respuesta a una pregunta de los medios sobre este asunto, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Cabe recordar que la Oficina advirtió en un informe de que Riera habría incumplido el código ético del Govern al recibir el plus de 22.000 euros, para altos cargos con residencia fuera de Mallorca, a pesar de tener una vivienda en propiedad en Palma.

La Oficina detectó que, poco después de elecciones de mayo de 2019, Riera cambió su empadronamiento de Palma a Ibiza. Tras requerir a la directora general de Innovación cierta documentación, la Oficina constató que tenía una vivienda en alquiler en la capital balear.

Ante estos hechos, Anticorrupción ha concluido que, aunque no se haya incumplido la ley, sí se habría producido una vulneración del código ético, al considerar que no se debería haber solicitado este plus teniendo una vivienda en propiedad en Palma.

Costa ha rechazado comentar el caso señalando que el vicepresidente Juan Pedro Yllanes, del que depende el cargo de Riera, "ya hizo declaraciones en su día". En este sentido, la portavoz ha expresado el respeto por el trabajo de la Oficina pero ha pedido permitir que "las entidades que deben hacer las valoraciones" puedan "trabajar con tranquilidad".

En este caso, la valoración queda en manos de la Comisión de Ética Pública. Anticorrupción reclama que Riera devuelva el dinero recibido por el plus.

CUADROS Y HONORES DE LOS REYES EMÉRITOS

Por otro lado, Costa ha respondido otra pregunta relativa a la retirada de cuadros de los Reyes Eméritos que propone MÉS en el Parlament, tras anunciar la Fiscalía una nueva investigación de Anticorrupción sobre Juan Carlos I.

La portavoz del Govern no ha entrado a valorar la propuesta subrayando que corresponde a los grupos parlamentarios, y ha aclarado que el asunto no se ha tratado entre los miembros del Govern -respecto a los posibles cuadros o placas que pueda haber en los edificios del Govern, por ejemplo-.

En todo caso, Costa ha recordado que la retirada de honores y distinciones oficiales está regulada por ley, y que requiere de una sentencia condenatoria firme.