Tres equipos de vigilancia funcionan de forma paralela dentro de la Comunidad de Madrid, según publica este miércoles el diario El País,  que asegura que los grupos parapoliciales son fruto de la desconfianza que existe entre el consejero del área, Francisco Granados, y el vicepresidente regional, Ignacio González, víctima de uno de los seguimientos.

Uno de los equipos, la Dirección General de Seguridad, el oficial y legitimado, estaría a cargo de Enrique Barón, nombrado en julio de 2008, tras cesar como Jefe Superior de Policía de Madrid, y que rinde cuentas a Granados.

Otro de los grupos paralelos correría a cargo de Sergio Gamón, con el título oficial de director del Área de Seguridad, nombrado también en julio de 2008 tras ser cesado por Granados como director general, y que rendiría cuentas exclusivamente a Ignacio González. La tercera unidad está al mando de

Pero no es el único. Gamón y su equipo son responsables del hurto del ordenador personal y de documentación privada perteneciente  al ex consejero Alfredo Prada y que estaban en poder de su hombre de confianza. Además, el ex consejero, enfrentado a Aguirre, fue víctima de seguimientos en sus actividades privadas cuando estaba acompañado de su esposa.

Además, el propio consejero de Interior, Francisco Granados, fue fruto de un seguimiento pormenorizado centrado en su patromonio y en el de su mujer y que trata de vincularle a las grandes constructoras de la región.

Sospechas sobre Gallardón

El Ayuntamiento de Madrid entró directamente en el asunto del espionaje al saberse que el segundo del alcalde, el vicealcalde Manuel Cobo, fue también víctima del espionaje entre marzo y mayo de 2008.

Alberto Ruiz Gallardón dio por buena la información y admitió que podía existir una trama oculta en la Comunidad de Madrid. Tras esto, el diario El Mundo hizo pública la existencia de una trama también parapolicial en las instalaciones del Consistorio y al margen de la Policía Municipal.

Sobre esto, este mismo miércoles, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en declaraciones a la Cope, aseguraba que  Gallardón "tendrá que aclarar", probablemente a instancias de la Asamblea, si el Ayuntamiento tiene o no esa unidad parapolicial.