La asociación Defensor del Paciente, que denunció el caso, lamentó el archivo porque evitará "el esclarecimiento de los hechos denunciados", indicaron en un comunicado recogido por Europa Press.
"La muerte de un ser humano por burocracia tiene una responsabilidad penal, del máximo responsable que dio la orden de no trasladar al paciente al hospital más cercano aunque se tratara de otra comunidad y ésta era a Madrid".
El paciente, que sufría la rotura de una aorta, fue trasladado el 16 de agosto de 2008 al Centro de Salud de Sotillo de la Adrada, luego iba a ser llevado a Ávila, pero se le envió a Salamanca, aunque Madrid quedaba más cerca, según la denuncia.
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