La asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) sigue generando controversia en el mundo educativo. Son muchos los padres que rechazan esta materia por considerar que su contenido es «adoctrinador». En la provincia han sido hasta el momento 1.395 los alumnos objetores de esta asignatura, según datos facilitados por la plataforma Córdoba Educa en Libertad. Esta cifra es un 14% superior a la que había un año antes, cuando había 1.225.

La presidenta de este colectivo, María Emilia García de Blanes, indica que «cada vez son más los padres que quieren ejercer el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones».

Otro de los datos más relevantes aportados por esta plataforma es que el 40% de las objeciones presentadas en Córdoba pertenecen a menores matriculados en colegios públicos.

García de Blanes añade que 40 alumnos se quedan fuera actualmente de la clase cuando llega la hora de impartir EpC. Desde este colectivo se apunta que durante 2008 algunos padres objetores recibieron presiones por parte de los centros y de la Junta para que sus hijos diesen la materia. Sin embargo, esta situación «se ha normalizado» en las últimas semanas, según la presidenta de la plataforma.

Por su parte, la delegada provincial de Educación , Antonia Reyes, ha señalado en repetidas ocasiones que EpC es «una asignatura más». Este hecho provoca que los escolares que rechacen esta materia pueden tener un suspenso, aunque lo habitual es que sean calificados como no presentados, según apunta García de Blanes.

Sin embargo, Reyes también asegura que hay un protocolo de actuación con aquellos alumnos que no quieren dar esta asignatura.

A la espera del Supremo

Hasta el momento han sido cinco las sentencias que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dan la razón a los padres cordobeses objetores de EpC, según informa la Plataforma Córdoba Educa en Libertad.

Sin embargo, estas resoluciones, que afectan a 14 alumnos, están recurridas ante el Tribunal Supremo, encargado de unificar criterios en este asunto. García de Blanes apunta que si la sentencia de este órgano judicial no les es favorable recurrirán al Tribunal Constitucional.

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