El Consistorio ha sido informado esta mañana de la resolución por la que el magistrado levanta las medidas cautelarísimas que dictó la semana pasada, en un auto donde condena a los recurrentes a abonar las costas del procedimiento. El auto también traslada a las partes si procede inadmitir el procedimiento, tal y como plantea el Ministerio Fiscal en su informe, y les da un plazo de 15 días para pronunciarse.
La resolución llega después de que el juez haya escuchado los argumentos de las dos partes, "y no sólo una como en el momento en que se emitió la cautelarísima". Así, asume que el Ayuntamiento ha actuado "por temor a la ruina que el edificio les podía ocasionar a los recurrentes y al resto de personas desalojadas".
También se reconoce que desde los Servicios Sociales se han ofrecido alternativas habitacionales y ayudas económicas en función de la situación particular de cada afectado, excepto los recurrentes que "se negaron a toda cooperación".
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