El PI defenderá este jueves, en el pleno del Consell, una iniciativa para que todos estos espacios tengan la autorización educativa correspondiente. "El departamento de Derechos Sociales debe hacer un listado completo de los centros que no tienen la autorización para valorar la protección de estos niños", ha declarado la consellera.
Mora ha pedido que el Consell se comprometa "en un plazo máximo de 30 días" a incluir en su plan normativo el reglamento que establezca los criterios de funcionamiento de estos centros. Además, plantea que el portal de transparencia informe de la intención de elaborar este reglamento.
Con esto, desde el PI quieren que en un plazo de seis meses "se pueda elevar a Pleno la aprobación inicial del Reglamento y que en los presupuestos se dote de la partida correspondiente para otorgar ayudas económicas a las familias que no pueden asumir los costes y para la adecuación de estos espacios".
Mora ha añadido que "se debería crear también una comisión de seguimiento de esta gravísima problemática", formada por dos representantes de cada grupo del Consell.
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